El principal artículo de fe de los defensores dogmáticos de la inmigración es que es necesaria para la vida de España y de toda Europa. Pero, a diferencia de los emigrantes españoles de épocas pasadas, la inmensa mayoría de los cuales eran varones en edad de trabajar, los que hoy llegan a España son familias enteras, la mayoría de cuyos miembros, por su edad y condición, no viven del trabajo sino de la subvención.
En segundo lugar, no se entiende bien esa necesidad en un país con 2,5 millones de parados, uno de los mayores niveles de desempleo del mundo occidental: el 10,4%, sólo superado en Europa por Bosnia-Herzegovina, Kosovo y Macedonia. La media de la UE es 5,9%. Y también encabeza las cifras de paro juvenil: 26,6% frente a 15% en la UE.
A pesar de los colores luminosos con los que suelen ser descritos, según cifras reconocidas por la ministra Pilar Alegría –la realidad, por lo tanto, tiene que ser mucho peor–, los inmigrantes, el 13% de la población, cometen el 27% de los delitos y representan el 33% de la población reclusa, cifra engañosa ya que muchos de los tenidos por nacionales son nacidos en el extranjero que han adquirido la nacionalidad española recientemente. Además, los reclusos extranjeros alcanzan el 56% entre los menores de veintidós años.
Los extranjeros que contribuyen a la Seguridad Social ascienden a tres millones de personas. Si la población extranjera reconocida es de siete millones, a los que hay que añadir una cantidad difícilmente calculable precisamente por su ilegalidad, cabría preguntarse cómo se ganan la vida los restantes. Por otro lado, ese 13% de población extranjera representa el 18% de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y el 29% de las Rentas de Inserción Autonómicas. En el caso concreto del País Vasco, tras años de ocultación, el gobierno social-peneuvista se ha visto obligado a publicar que los perceptores extranjeros de la llamada Renta de Garantía de Ingresos alcanzan el 40% cuando son el 10% de la población. En resumen: ¿quiénes pagan las pensiones de quiénes?
Como argumento moral, Pedro Sánchez ha definido como ilegal la repatriación de quienes entraron ilegalmente y en no pocos casos con violencia. Y define como concesión de residencia temporal lo que sabe muy bien que será para siempre, tanto la de ellos como la de sus familiares.
Se suele argüir también que España fue una nación de emigrantes en los años 50 y 60, lo que la obligaría hoy a abrir sus puertas sin restricciones. Pero aquella emigración se dirigió a países centroeuropeos sin parados, con escasez de jóvenes por las dos guerras mundiales y necesitados de reconstrucción. El Estado atendió al emigrante coordinando las ofertas de trabajo de los países receptores con la cualificación laboral de cada uno y suscribiendo convenios de emigración y seguridad social. Los emigrantes españoles llegaron a otros países con sus contratos ya firmados y con certificados de ausencia de antecedentes penales porque sin ellos no se les permitió emigrar. La emigración española tuvo una clara vocación de provisionalidad: más del 85% de los emigrantes regresaron a España. Los emigrantes españoles no provocaron problemas en los países receptores, no supusieron carga a sus sistemas de prestaciones sociales, no exigieron nada gratis, no dependieron de donaciones caritativas y no llenaron las cárceles. Nada que ver con el caos inmigratorio de hoy, cuyas primeras víctimas son unos inmigrantes de los que se aprovechan las mafias transportadoras en condiciones inhumanas.
Nuestros triunfalistas gobernantes también declaran que España necesita esos inmigrantes porque su economía está boyante. Sin embargo, España depende fundamentalmente del turismo mientras el peso de la industria no deja de menguar. Su deuda pública alcanza el 103,2% del PIB. Su presión fiscal es del 38%, algo inferior a la media de la UE, en torno al 41%. Pero como el PIB per cápita español es inferior a la media europea, la presión sobre los contribuyentes supera en más de un 17% a dicha media. Y según un informe de Eurostat, el servicio de estudios estadísticos de la Comisión Europea, España es el tercer país de la UE que menor poder adquisitivo ha ganado en los últimos veinte años: un 11% frente a una media europea del 22%. ¿Es esto una economía boyante?
También proclaman nuestros benéficos gobernantes que Occidente necesita gente por su declive demográfico. Cierto: tras décadas de aborto masivo no se puede esperar otra cosa. Y quienes lo han promovido, legalizado y convertido en un derecho, ahora quieren resolver la escasez de niños importándolos de otros continentes, que salen más baratos y se les puede explotar mejor.
En todos los medios de comunicación se repite continuamente que la mayoría de los españoles ven la inmigración con buenos ojos. Sin embargo, periódico tan poco sospechoso como El País publicó una encuesta hace dos años que fijó en un 57% la cantidad de españoles que ven excesivo el número de inmigrantes y en un 75% el de quienes asocian la inmigración con conceptos negativos. Encuestas más recientes demuestran que dichas cifras no paran de subir.
Finalmente, aunque nuestros inmigracionistas no se cansen de reivindicar la dignidad humana como móvil de sus decisiones, no hay que olvidar que su móvil no es ése, sino el odio a sus propios pueblos y su deseo de sustituirlos que caracteriza a toda la izquierda europea. Bien claro lo ha dejado Irene Montero al declarar que desea el reemplazo para así «barrer de fachas y de racistas este país». Es decir, de españoles.
