'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Andalucía presenta un documento falseado en una causa por corrupción

Sigue la falsificación de documentos, esta vez en Andalucía y por parte de la Consejería de Educación del gobierno socialista.


Sigue la falsificación de documentos, esta vez en Andalucía y por parte de la Consejería de Educación del gobierno socialista, aunque previsiblemente no sea trending topic en la red social Twitter y no tenga repercusión mediática.
Según publica El Mundo, la Junta de Andalucía que preside Susana Díaz ha remitido al juez que investiga la contratación ‘a dedo’ de una profesora un documento en el que ni el membrete ni el sello utilizados estaban vigentes en la fecha en la que la comunicación interna aparece firmada. Aunque el documento está fechado el 4 de septiembre de 2014, en el mismo se hace uso de un membrete y un sello que no son oficiales hasta nueve meses después, cuando se produjo un cambio en la organización del Gobierno y se dividió la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
La investigación fue abierta en el juzgado de Instrucción número de 17 de Sevilla después de que El Mundo destapara en 2016 la existencia de una serie de puestos que la delegación de Educación en Sevilla asignaba ‘a dedo’, a espaldas de los procedimientos ordinarios de selección de personal.
Cabe señalar que en septiembre de 2014 se eligió a la hija del que era entonces jefe de los inspectores educativos de Sevilla, Alberto Moreno, para dar clase en un Centro de Educación Permanente, pese a que no era funcionaria, ni interina, ni formaba parte siquiera de ninguna de las bolsas de empleo, y tampoco era titulada en Magisterio sino licenciada en Comunicación Audiovisual. Tras la tormenta, dos jefes de servicios fueron destituidos, Moreno tuvo que dimitir y la Junta de Andalucía abrió una investigación interna.

La corrupción socialista

Los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves declararán esta semana en el juicio de la pieza política del caso ERE, tras cuatro meses de juicio y después de que hayan declarado, desde el 14 de febrero, 19 de los 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía procesados.
Griñán se enfrenta a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación de fondos públicos al mantener el llamado «procedimiento específico» por el que, durante una década, la Junta repartió de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos, según la Fiscalía, más de 850 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.
A diferencia de Manuel Chaves, que solo está acusado de prevaricación y afronta 10 años de inhabilitación pero no pena de prisión, el Ministerio Público y las acusaciones populares (PP y Manos Limpias) atribuyen a Griñán la responsabilidad de no haber atendido los avisos de la Intervención de la Junta alertando de que el sistema que se usaba para dar las ayudas no era «adecuado».
 

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