El Gobierno de Andorra ha empezado a rechazar autorizaciones de inversión extranjera cuando considera que los proyectos presentados no aportan una actividad económica efectiva dentro del Principado, una decisión que supone un giro relevante en la política de captación de capital internacional y que ya está generando inquietud entre empresarios e inversores.
Tal y como ha avanzado La Veu Lliure, medio de referencia en Andorra, la nueva orientación se apoya en el Decreto 137/2025 y en el marco normativo derivado de la Ley de Crecimiento Sostenible y Derecho a la Vivienda —conocida como Ley Ómnibus—, junto con la legislación específica sobre inversión extranjera inmobiliaria y su reglamento de desarrollo. Según esta interpretación, no basta con que una iniciativa aporte ingresos fiscales: el Ejecutivo exige que exista un impacto directo y tangible en la economía real andorrana.
Las resoluciones de denegación subrayan que los promotores afectados disponen de un plazo de un mes para interponer recurso administrativo, de acuerdo con lo previsto en el Código de la Administración. Los documentos están firmados por Conxita Marsol, ministra de Trabajo, Vivienda, Economía y vicepresidenta del Ejecutivo.
Desde el punto de vista del Gobierno, permitir inversiones que no generen actividad económica local puede suponer riesgos para la soberanía nacional, el orden público, la estabilidad económica o el interés general del país. Bajo este criterio, incluso proyectos capaces de aportar ingresos relevantes al erario público o contribuciones a la CASS pueden ser descartados si no implican creación de empleo, actividad productiva o arraigo económico en Andorra.
Este enfoque ha despertado dudas en el ámbito empresarial, ya que introduce un componente de valoración discrecional que no siempre resulta fácil de anticipar. Especialistas en inversión y economía advierten de que la falta de parámetros claramente definidos sobre qué se considera «impacto en la economía real» puede complicar la planificación de proyectos y elevar la percepción de inseguridad jurídica.
Algunos analistas señalan que este cambio podría traducirse en una menor llegada de capital extranjero, especialmente de perfiles inversores que hasta ahora veían en Andorra un entorno fiscal y regulatorio atractivo. La incertidumbre sobre la viabilidad administrativa de determinadas iniciativas podría llevar a desviar inversiones hacia otros países.
Con todo, el Ejecutivo andorrano defiende que la medida busca reforzar el tejido productivo interno y evitar operaciones puramente especulativas, marcando un punto de inflexión en la estrategia económica del país. La nueva política prioriza la protección de la economía nacional, aunque lo hace al precio de introducir un escenario más exigente y menos previsible para los inversores internacionales interesados en el Principado de Andorra.
