El Vaticano ha cedido en la despenalización del aborto en Andorra tras años de fricciones diplomáticas, dictámenes jurídicos y contactos discretos. El acuerdo alcanzado y adelantado por el diario La Veu Lliure implica retirar del Código Penal las penas contra las mujeres que interrumpan voluntariamente su embarazo, un viraje sin precedentes en la política del Principado que redefine la relación histórica entre las instituciones andorranas y la Santa Sede.
La futura reforma, que se espera llegue al Consell General en noviembre de 2025, modificará los artículos que castigaban la práctica con cárcel o inhabilitación profesional. La redacción de la norma está a cargo de Federico de Montalvo y es supervisada por el ministro de Justicia, Ladislau Baró. Según adelantó el jefe de Gobierno, Xavier Espot, la propuesta incluirá un modelo híbrido: despenalizar el aborto en el país y facilitar que se realice en territorios próximos, con seguimiento médico y ayudas económicas para las mujeres en situación de vulnerabilidad.
El proceso arrancó en 2019, cuando un informe elaborado por los juristas Manuel Pujadas y Tomás Gui Mori planteó la posibilidad de una salida «jurídicamente aceptable para la mayoría social y compatible con la jefatura del Estado». El documento subrayaba la necesidad de formación especializada en el ámbito legal y matizaba que muchos ordenamientos no consideran persona al embrión en las fases iniciales de gestación.
Paralelamente, el Ejecutivo de Espot puso en marcha el SIAD (Servicio Integral de Atención a la Mujer) en 2020, un paso que coincidió con una creciente presión internacional. Durante su audiencia con el Papa Francisco en 2021, el dirigente andorrano reconoció la dificultad de mantener la penalización intacta. Francisco, que ya había otorgado a los sacerdotes la facultad de absolver el pecado del aborto, se mostró dispuesto a aceptar que se eliminara el castigo penal contra las mujeres.
El secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, desempeñó un papel central en las conversaciones, desde su visita a Meritxell en 2023 hasta los encuentros celebrados en Nueva York. Más tarde, la gestión recayó en el arzobispo Paul Richard Gallagher, que condujo directamente las negociaciones con el Gobierno andorrano. Otro elemento clave fue el nombramiento de Josep-Lluís Serrano Pentinat como obispo coadjutor de Urgell, figura con perfil diplomático que en mayo de 2025 defendió públicamente un enfoque de diálogo y acompañamiento.
La muerte de Francisco y la elección de León XIV alteraron el panorama. El nuevo pontífice adoptó una postura mucho más rígida, reivindicando la «cultura de la vida» y endureciendo la retórica vaticana. Aun así, Roma mantuvo el compromiso asumido en el proceso, validando los términos de la reforma pese a la evidente contradicción con la doctrina católica.
