El Gobierno canario de Ángel Víctor Torres pagó a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la trama Koldo, un 560% más del precio de mercado por unas mascarillas. Este pago se formalizó después de descubrir que el material adquirido por el Servicio Canario de Salud (SCS), bajo la dirección de Conrado Domínguez, no cumplían con las especificaciones técnicas acordadas (no eran FFP2 y, por lo tanto, no podían usarse en hospitales).
El contrato, adjudicado en abril de 2022 por la vía de emergencia (sin concurso y sin publicidad), asignó 6,8 millones de euros a Soluciones de Gestión para la entrega de 2,75 millones de mascarillas FFP2 para uso hospitalario. Sin embargo, el servicio de prevención de riesgos de un hospital descubrió que varias mascarillas no cumplían con el nivel de filtración necesario, y el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) confirmó que buena parte de estas mascarillas no eran FFP2.
Lo ocurrido en Canarias es similar a Baleares, donde el Gobierno de Francina Armengol tampoco rescindió el contrato con Soluciones de Gestión. En el caso balear, incluso se avaló a la empresa como confiable para que otros organismos públicos pudieran contratarla.
El Gobierno de Víctor Torres llegó después a un acuerdo con Soluciones de Gestión: dado que las mascarillas eran FFP1 y no FFP2, la empresa redujo el precio inicial de 2,5 euros a 0,845 euros por unidad, precio de mercado en abril. En total, las 837.800 mascarillas defectuosas, destinadas a ser usadas como quirúrgicas, se pagaron a 707.518 euros. El acuerdo fue firmado por Conrado Domínguez el 3 de noviembre de 2020, según detalla este jueves Vozpópuli.
En ese mismo mes, el Ministerio de Sanidad trabajaba en el Acuerdo Marco, formalizado el 24 de noviembre de 2020, donde el precio medio de las mascarillas quirúrgicas era de 0,15 euros por unidad. Es decir, el Gobierno de Torres pagó un 560% más del precio de mercado por las mascarillas de Soluciones de Gestión, que no cumplían los requisitos para ser FFP2. En vez de rescindir el contrato, la empresa de la trama ganó otros 700.000 euros, elevando a más de 12 millones de euros el total pagado por el Gobierno canario a Soluciones de Gestión.
Conrado Domínguez también está siendo investigado por la Fiscalía Europea por adjudicar un contrato de cuatro millones de euros a una empresa de coches que nunca entregó el material; mantuvo reuniones con el mediador de la trama Tito Berni y aprobó los 12 millones de euros en adjudicaciones a Soluciones de Gestión. Domínguez se negó a explicar su versión en la Comisión de Investigación del caso Koldo, presentando un burofax excusándose en su declaración como testigo del caso Koldo en abril de este año, bajo advertencia legal de no revelar detalles de las actuaciones secretas.
Domínguez, persona de confianza de Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial, también se negó a mostrar su teléfono móvil para comprobar si contenía el número de Koldo García.
