El Gobierno de las Islas Baleares emitió el 12 de agosto de 2020 un certificado asegurando que las mascarillas recibidas de la empresa Soluciones de Gestión cumplían, «de manera satisfactoria», por lo requerido tras una adjudicación a dedo de 3,7 millones de euros. El Gobierno de Francina Armengol certificó que la empresa vinculada a José Luis Ábalos había prestado sus servicios satisfactoriamente. Pero Armengol mintió: dos meses antes del documento, la administración balear ya sabía que el material era defectuoso.
Sin embargo, pese haber retirado los millones de mascarillas, que aún continúan guardadas en un almacén, el Gobierno de Francina Armengol publicó el certificado, colaborando así con la trama de corrupción en las adjudicaciones millonarias durante los peores meses de la pandemia. El documento no fue sencillamente un respaldo de una administración autonómica, sino que además sirvió como pasaporte de legitimidad ante el resto de administraciones.
Soluciones de Gestión, controlada por Víctor de Aldama y vinculada al exministro Ábalos a través de su mano derecha, Koldo García, presentó el documento ante el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria: «Antonio Mascaró Crespí, en calidad de subdirector de Compras y Logística Servei de Salut de les Illes Balears, certifica que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas ha realizado suministros, de manera satisfactoria, durante el año 2020. Y para que conste, a petición del interesado, sin tenerse conocimiento a fecha de hoy de ninguna incidencia, y surta efectos de participación en concursos públicos, expido el presente certificado en Palma a 12 de agosto de 2020″, reza el documento de la administración de Armengol.
Pese a todas las recomendaciones y aplausos, el documento era mentira. El contenido del certificado queda contradicho con lo verdaderamente ocurrido el 8 de junio de 2020: el Centro Nacional de Medios de Protección advirtió al Ejecutivo de Armengol que las mascarillas era defectuosas: «Ninguna de las cuatro referencias cumple con los requisitos de una mascarilla tipo FFP2″, reconoció entonces la administración balear.
En apenas 65 días, el Gobierno balear cambió de opinión, esto es, mintió. La administración de Armengol pasó de almacenar las mascarillas inservibles en un hangar público a recomendar la contratación con Soluciones de Gestión SL. Un cambio de criterio que se precipitó con la reclamación de la devolución del dinero, que la trama intentó frenar con la «intermediación» de José Luis Ábalos. Así lo ha llegado a reconocer Ismael Moreno, magistrado de la Audiencia Nacional encargado de la causa.
