Ángela Rodríguez Pam, la que fuera número dos de Irene Montero en Igualdad y responsable de firmar el contrato de las polémicas pulseras antimaltrato, continúa percibiendo una indemnización mensual de 7.515,55 euros tras su cese como secretaria de Estado. Desde noviembre de 2023, cuando terminó la pasada legislatura, ha acumulado ya más de 180.000 euros, una retribución que puede prolongarse hasta completar los dos años previstos por la normativa para altos cargos.
La concesión de este contrato, valorado en 35 millones de euros, recayó en la UTE formada por Vodafone y Securitas, tras la retirada de Telefónica y de la británica Buddi Limited. Fue la propia Pam quien estampó su firma en el documento que hoy está en el ojo del huracán tras destaparse los múltiples fallos de los dispositivos. La Fiscalía ha alertado en su última memoria de que los errores en la migración de datos entre proveedores han llegado a provocar sobreseimientos provisionales y absoluciones en casos de quebrantamiento de órdenes de alejamiento.
Según el informe, el proyecto de la UTE adolecía de «diseño inadecuado, planificación insuficiente y mala asignación de recursos». Además, el plan de contingencia carecía de la robustez necesaria, y la previsión de tareas y plazos no era acorde a la complejidad del proceso. A estos problemas se suman fallos de batería y la facilidad para manipular los dispositivos, según fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli.
El Gobierno era consciente de estas deficiencias desde el inicio: en la licitación, el plan de transición fue valorado con un 3,6 sobre 10, precisamente en el punto que hoy se revela como el mayor escollo. Aun así, la entonces secretaria de Estado sacó adelante el contrato que hoy cuestiona la propia Fiscalía.
Mientras tanto, la ministra de Igualdad Ana Redondo ha anunciado una nueva licitación para mejorar los dispositivos, aunque reconoce no saber el número exacto de mujeres afectadas. «Las pulseras funcionan», defendió esta semana, insistiendo en que «ni una sola mujer con el dispositivo Cometa ha sido asesinada». Además, tachó de «mentira» las denuncias sobre la compra de modelos similares en páginas como AliExpress, acusando de falsedad a María Ángeles Carmona, expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género.
Por su parte, las víctimas podrán reclamar en el plazo de un año indemnizaciones económicas por daños derivados de los fallos del sistema, al amparo de la responsabilidad patrimonial del Estado. Una factura que podría engordar aún más el coste de un proyecto ya fallido, rubricado por Pam, que mientras tanto sigue cobrando cada mes su indemnización de más de 7.500 euros.
