«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Las diligencias comenzaron en enero de 2026

Anticorrupción investiga irregularidades en contratos de Defensa por más de 6.000 millones que benefician a Indra, empresa gestora del proceso electoral

Pedro Sánchez, en un foro de inversores. Redes sociales

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y préstamos públicos del Ministerio de Defensa por más de 6.000 millones de euros que habrían beneficiado a Indra, la empresa tecnológica adjudicataria del sistema de procesamiento y difusión de los resultados provisionales de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Las pesquisas también afectan a operaciones relacionadas con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), propiedad de los hermanos Ángel y Javier Escribano.

Según ha revelado este lunes El Independiente, las diligencias comenzaron en enero de 2026, después de que un particular denunciara en diciembre de 2025 posibles delitos de fraude, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. El escrito advierte de una presunta concentración de adjudicaciones públicas que habría favorecido a ambas compañías desde 2020.

La investigación se centra en el reparto de los fondos del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. De acuerdo con los cálculos incorporados a la denuncia, unos 6.077 millones de euros, equivalentes al 84% del conjunto analizado, habrían recaído en Indra, Escribano o consorcios empresariales vinculados a ambas.

Entre los contratos examinados destaca el programa de vehículos blindados 8×8 Dragón, adjudicado en 2020 por aproximadamente 2.100 millones de euros a TESS Defence, integrada por Indra, Escribano, Santa Bárbara Sistemas y SAPA. También figura el programa de lanzacohetes SILAM, valorado en 576 millones y adjudicado en 2023 a una alianza entre Escribano y Rheinmetall Expal, aunque posteriormente fue anulado.

Uno de los principales puntos de controversia es el procedimiento utilizado para conceder determinadas adjudicaciones. La denuncia sostiene que Defensa recurrió de manera reiterada a mecanismos negociados sin publicidad o con competencia limitada, amparándose en excepciones relacionadas con la seguridad nacional.

A ello se suman las condiciones de financiación aprobadas por el Ministerio de Industria. En octubre de 2025, el Gobierno autorizó préstamos por 6.890 millones para 18 programas militares, con un interés del 0% y, de forma generalizada, sin exigir avales patrimoniales. Según el desglose publicado, 6.515 millones de esa partida quedaron asignados a Indra, sus filiales o diferentes alianzas empresariales en las que participa.

Indra también gestionará los resultados provisionales del 29-N

La investigación adquiere una dimensión adicional por el papel que desempeñará Indra en las próximas elecciones generales. El Ministerio del Interior adjudicó el pasado 22 de octubre un contrato de nueve millones de euros, sin IVA, a Indra Soluciones Tecnologías de la Información, para prestar los servicios necesarios de obtención, procesamiento y difusión provisional de los resultados electorales.

La adjudicación, tramitada por la Dirección General de Política Interior, recibió una única oferta. La compañía será responsable de proporcionar la infraestructura informática que centralizará y difundirá los datos provisionales de la noche electoral, aunque el recuento de las papeletas corresponde a las mesas electorales y el escrutinio oficial a las Juntas Electorales Provinciales.

Además, el Estado mantiene una participación relevante en Indra a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), lo que convierte a la tecnológica en una empresa estratégica con presencia pública.

En cuanto a las pesquisas de Anticorrupción, la Fiscalía solicitó a la Intervención General del Estado documentación e informes sobre la regularidad de las operaciones. El primer análisis fue entregado en abril y posteriormente se encargó un segundo informe más exhaustivo.

Las actuaciones también pasaron por el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, que investiga otra operación relacionada con la adquisición de respiradores durante la pandemia. Sin embargo, el magistrado rechazó incorporar las adjudicaciones militares a aquel procedimiento al considerar que no existía conexión suficiente entre ambos asuntos.

La investigación ha regresado a Anticorrupción, que continúa examinando los expedientes para determinar si se cometieron irregularidades en el reparto de fondos públicos. Por el momento, las sospechas sobre los contratos de Defensa no constituyen una acreditación de delitos ni implican irregularidades en los servicios electorales adjudicados a Indra.

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