La Fiscalía Anticorrupción está estudiando solicitar al Tribunal Supremo el ingreso en prisión provisional del exministro socialista José Luis Ábalos, ante el riesgo de fuga que, según los investigadores, ha aumentado de forma significativa por nuevos indicios económicos y patrimoniales fuera de España. Fuentes jurídicas consultadas por El Debate señalan que esta decisión dependerá de las declaraciones previstas para este jueves y del análisis final de los elementos que, a ojos del Ministerio Público, comprometen la permanencia del antiguo número dos de Pedro Sánchez en territorio español.

Sobre Ábalos ya pesa una petición de 24 años de cárcel, lo que en sí mismo obliga a revisar con frecuencia sus medidas cautelares. Pero ahora la Fiscalía ha fijado su atención en tres factores «especialmente sensibles». El primero, la existencia de un inmueble en Chimbote (Perú) a nombre del exministro, revelado por la prensa y considerado por los investigadores como un punto de apoyo en el extranjero para facilitar una eventual huida. El segundo, la actividad internacional de la ONG Fiadelso, con presencia en varios países de Hispanoamérica y que, según la UCO, fue utilizada como plataforma para camuflar presuntas mordidas. Y el tercero, los flujos de dinero procedentes de Colombia, enviados por una empresa vinculada al hijo de Ábalos.

El Supremo investiga al exministro por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, y la Fiscalía sostiene que existen pruebas sólidas de que Ábalos recibió dinero en metálico procedente de comisiones ilegales, intervino en enchufes en organismos públicos de mujeres de su entorno, disfrutó de vacaciones pagadas, realizó gestiones clave en el rescate de Air Europa y maniobró para acceder a un piso de dos millones de euros en el Paseo de la Castellana.

Las vistillas para revisar la situación procesal de Ábalos y de Koldo García se celebrarán este jueves. El juez instructor, Leopoldo Puente, ha modificado únicamente la hora de Koldo para permitir a su defensa asistir a la declaración de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional, pero mantiene sin cambios la de Ábalos a las 10.00. Las acusaciones populares ya han anunciado que pedirán prisión provisional para ambos. Anticorrupción, mientras tanto, valorará si los nuevos elementos justifican sumarse a la petición o si bastan las medidas actuales: prohibición de salida del país y comparecencias quincenales.

En su escrito, la Fiscalía reclama 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Aldama. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, describe la trama como una organización estable, en la que Koldo actuaba como el «alter ego» del exministro y gestionaba las «fuentes ilegales de dinero en efectivo», que con frecuencia se mezclaban con las del propio Ábalos. Según el Ministerio Público, la organización nació con vocación de permanencia, operó durante años y utilizó la posición de poder del exministro para manipular adjudicaciones públicas a cambio de comisiones.