La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto una investigación sobre el Ayuntamiento de Requena (Valencia) por la concesión de licencias de construcción a dos macroparques fotovoltaicos, en el marco del conocido como caso Forestalia. El organismo se personó en dependencias municipales el pasado 6 de marzo para requerir documentación sobre unos permisos que se concedieron tras un cambio de posición política del actual Gobierno local, formado por el PSOE y Por Requena y Aldeas (PRyA).
Las pesquisas se centran en la actuación del consistorio después de que el Ejecutivo municipal retirara los recursos de alzada presentados contra los proyectos sin que, según fuentes de la investigación, los promotores hubieran corregido las «deficiencias» detectadas previamente. Esta decisión abrió la puerta a la concesión de las licencias.
El alcalde socialista, Mario Sánchez, reconoció en el pleno del 12 de marzo la existencia de actuaciones iniciadas a raíz de denuncias anónimas, aunque evitó ofrecer detalles amparándose en el carácter reservado de los expedientes. La Agencia Valenciana Antifraude, que puede imponer sanciones de hasta 400.000 euros, tampoco ha facilitado información mientras el procedimiento sigue abierto.
Un cambio político que desbloquea los proyectos
El origen del conflicto se sitúa en la moción de censura celebrada el 5 de noviembre de 2024, que devolvió la alcaldía a Sánchez con el apoyo de PRyA. Hasta ese momento, el Ayuntamiento se había opuesto a los proyectos y había impulsado recursos administrativos para frenar su desarrollo.
Sin embargo, en noviembre de 2025, PSOE y PRyA promovieron conjuntamente la retirada de esos recursos.
Tres meses antes de la moción de censura, el propio pleno municipal había aprobado recurrir las autorizaciones para garantizar la evaluación del impacto de las plantas y proteger los intereses del municipio. Pese a ello, el nuevo Gobierno local optó por no acudir a los tribunales y permitió que el procedimiento siguiera su curso.
Semanas después de retirar los recursos, el Ayuntamiento otorgó las licencias necesarias para construir las instalaciones.
Dos macroproyectos en una zona protegida
Los proyectos investigados son Limonero Solar, con 125 megavatios de potencia y competencia estatal, y un segundo desarrollo dividido en seis plantas (Requena I a VI), cuya autorización corresponde a la Generalitat Valenciana.
El primero ocuparía unas 200 hectáreas —una superficie equivalente al núcleo urbano de Requena— e incluiría cerca de 200.000 paneles solares. Ambos desarrollos se sitúan en el entorno de la Reserva de la Biosfera de las Hoces del Cabriel, lo que ha generado oposición social y ecologista.
La plataforma Por Utiel-Requena Sostenible ha recurrido el proyecto Limonero Solar ante los tribunales, y un juzgado ya ha admitido a trámite el contencioso-administrativo. La asociación denuncia riesgos para terrenos agrícolas y espacios incluidos en la Red Natura 2000.
Además, advierte de que no se ha evaluado adecuadamente el impacto hidrológico tras la dana que afectó a Valencia en octubre de 2024. Según sus cálculos, el 10% del terreno del proyecto se ubica en una cuenca que ya sufrió desbordamientos con daños a viviendas e infraestructuras.
