El campo español vuelve a estar en el centro de la batalla política. Entre acuerdos comerciales que abren la puerta a productos sin garantías y proyectos energéticos que ocupan tierras fértiles, crece la sensación de que el sector primario ha quedado relegado a moneda de cambio. La portavoz nacional de SOS Rural, Natalia Corbalán, denuncia un proceso que amenaza la base productiva del país y advierte de sus consecuencias: pérdida de soberanía alimentaria, despoblación y un modelo que expulsa al agricultor.
– Para los lectores que aún no estén familiarizados con su plataforma, ¿qué es exactamente SOS Rural, cómo nace y cuál es su principal objetivo dentro del ámbito del mundo rural?
SOS Rural es una organización de defensa del mundo rural y de todo lo que se ejerce en él: agricultura, ganadería y el conjunto del sector primario. También defendemos otras actividades del ámbito rural que hoy están siendo maltratadas. Son actividades insustituibles, porque la ciudad no puede vivir sin el campo. Somos una organización civil, autofinanciada y apartidista. Mi partido político siempre lo digo: son los agricultores, los ganaderos y la gente del mundo rural.
– En los últimos meses han sido especialmente críticos con el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. ¿Por qué consideran que este tratado supone una amenaza directa para los agricultores y ganaderos españoles?
Mercosur es el paradigma de la competencia desleal. El campo lleva años sufriéndola, pero este acuerdo golpea directamente la línea de flotación de nuestros agricultores. Va a entrar una cantidad masiva de producto que no cumple los mismos estándares. Eso impide competir. Hemos enviado unas 17.000 firmas a la Comisión Europea y su respuesta ha sido insuficiente.
– Más allá del impacto económico, ustedes también han denunciado irregularidades en el proceso de aprobación del acuerdo. ¿Qué es lo que consideran más grave desde el punto de vista institucional?
Que no se respetan ni siquiera las propias instituciones europeas. El acuerdo se ha aprobado provisionalmente sin esperar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es inaceptable. Además, los productos que entran no cumplen los controles sanitarios ni medioambientales que sí se exigen aquí. Eso encarece nuestra producción y abarata la suya.
– Se ha hablado mucho de las llamadas “salvaguardas” incluidas en el acuerdo. ¿Consideran que estas medidas son suficientes para proteger al campo europeo?
No. Son un paripé. No hay mecanismos reales de control. Las fronteras las controla cada país según sus intereses. Necesitamos un organismo europeo que garantice controles reales. Ahora mismo es un juego político.
– A raíz de estas políticas, hay quien plantea que existe una estrategia, explícita o no, para debilitar el campo europeo. ¿Comparte esa visión y qué indicios le llevan a pensar en ello?
Si no hay una intención explícita, desde luego las políticas lo parecen. Llevamos años con medidas ideológicas que hacen inviable producir en Europa. Sin rentabilidad no hay relevo generacional. Y eso provoca despoblación y abandono del territorio.
– ¿Qué consecuencias tiene ese abandono progresivo del mundo rural, no solo en términos económicos, sino también medioambientales y sociales?
Es un efecto dominó. Sin actividad agrícola no hay población, sin población no hay gestión del territorio, y eso deriva en problemas como los incendios. El monte se quema porque no hay gente que lo cuide.
– Uno de los argumentos habituales a favor de Mercosur es que permite abaratar los productos para el consumidor.
Es un argumento tramposo. Lo barato sale caro. El producto puede ser más barato, pero no tiene las mismas garantías. Además, a largo plazo, si destruimos nuestro sistema productivo, los alimentos serán aún más caros.
– Entrando en el caso concreto de Andalucía, SOS Rural también denuncia la tala masiva de olivos para instalar macroplantas solares. ¿Qué está ocurriendo exactamente sobre el terreno?
Se están talando olivos, muchos de ellos centenarios, para instalar macroplantas solares. Se declaran proyectos de utilidad pública y eso permite expropiar tierras. Se está arruinando a agricultores y comarcas enteras.
– Existe debate sobre si realmente se está obligando a los propietarios a ceder sus tierras. ¿Se están produciendo expropiaciones o se trata sólo de acuerdos voluntarios?
Sí, se están produciendo expropiaciones. Primero intentan arrendar tierras a quienes aceptan. Después, con la declaración de utilidad pública, expropian a quienes se niegan. Es el modus operandi habitual.
– También han denunciado que algunas empresas fragmentan los proyectos para sortear controles medioambientales más estrictos. ¿Cómo funciona ese mecanismo?
Dividen los proyectos para que no superen los 50 megavatios y así evitar controles más estrictos del Estado. Eso permite que las autorizaciones las dé la Junta de Andalucía con requisitos más laxos. Es un fraude de ley.
– ¿Qué responsabilidad atribuye a la Junta de Andalucía en este proceso y en la autorización de estos proyectos?
Ha concedido las autorizaciones. Nosotros hemos presentado recursos porque entendemos que son nulas de pleno derecho. Ahora el caso está en los tribunales.
– ¿Y qué papel juega el Ayuntamiento de Lopera en este conflicto concreto?
Es determinante. Si concede las licencias, puede desencadenar la tala masiva. Además, podría asumir responsabilidades patrimoniales muy graves si los proyectos se declaran ilegales. Esto está ocurriendo ya en toda España. En Murcia, por ejemplo, están desmontando terrenos de regadío de alto valor para instalar macroplantas solares. Son tierras protegidas que están siendo arrasadas.
– Algunos agricultores acaban aceptando estos acuerdos con las empresas energéticas. ¿Qué factores explican esa decisión?
Porque están arruinados. Si haces inviable su actividad, cuando llega una empresa ofreciendo dinero, muchos aceptan. Es una consecuencia directa de las políticas que asfixian al campo.
– Desde el punto de vista medioambiental, estas instalaciones se presentan como energías limpias. Sin embargo, usted sostiene que el impacto es muy distinto. ¿Cuál es la realidad?
Que la gente lo sepa: donde se pone una placa solar, allí no crece nada en muchísimos años. El terreno se compacta, se usan herbicidas y se destruye la capacidad productiva. Eso no es sostenible.
– ¿Cuál es la alternativa que plantean desde SOS Rural frente a este modelo?
Energías renovables sí, pero no a costa del campo ni de la soberanía alimentaria. Hay terreno suficiente sin necesidad de destruir tierras agrícolas de alto valor.
– Para terminar, ¿qué pasos van a dar a partir de ahora y cómo piensan seguir defendiendo al sector primario?
Vamos a seguir recurriendo estos proyectos, presionando y actuando en todos los territorios donde ocurra. Hemos empezado en Lopera, pero esto es solo la punta del iceberg.
