El pleno del Senado ha aprobado definitivamente la Proposición de Ley que agiliza el desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente, una iniciativa impulsada por el PDeCAT que protegerá a los pequeños propietarios, ONGs y entidades públicas que gestionan el parque de viviendas sociales.
De esta ley, impulsada por el Partit Demòcrata en el Congreso de los Diputados, donde ya fue presentada y defendida por la diputada Lourdes Ciuró, quedan excluidos los fondos buitre y la banca, según explica en una comunicado el senador del Partit Demòcrata, Joan Bagué.
En este sentido, Bagué pone como ejemplo el caso de un particular, que ha estado ahorrando durante 35 años para comprar una vivienda, la destina al alquiler y sufre una ocupación ilegal. «Consideramos que es absolutamente injusto que deba esperar 2 años para que se restituya su titularidad, como está pasando hasta ahora», añade.
Con esta ley esta persona y en un plazo máximo de 2 meses podrá «volver a disfrutar de lo que es suyo», lo que contribuirá a «acabar con las mafias que se aprovechan del largo plazo que se produce entre la demanda de desalojo y la resolución de los tribunales y que se dedican a extorsionar a los propietarios».
Según el comunicado, a partir de ahora, los propietarios deberán comunicar esta situación a las administraciones, que tendrán un plazo de 7 días para dar una respuesta y garantizarles una nueva vivienda.
El pasado 24 de abril el Congreso aprobó una ponencia de la Comisión de Justicia para reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y así acabar con las ocupaciones ilegales de pisos y terminar con las mafias impulsada por el PDeCAT
El texto establece que la persona física que sea propietaria o poseedora legítima, las entidades sin ánimo de lucro y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o una parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento.
Así, se prevé que el desalojo se produzca en menos de 20 días al quedar determinado un procedimiento más rápido.
La modificación salió adelante con el apoyo del PDeCAT, PNV, PP y Ciudadanos. El PSOE, aunque formó parte de la ponencia, votó en contra de la modificación de la ley, así como Unidos Podemos, que anunció que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, y ERC.
