Médicos Sin Fronteras —MSF— se encuentra en el centro de un grave escándalo después de admitir que empleados y contratistas vinculados a sus operaciones en Chad fueron objeto de 59 denuncias por conductas indebidas, entre ellas acoso sexual, explotación y abuso contra refugiadas sudanesas.
Según una investigación difundida por Associated Press y reconocida por la propia organización, algunos trabajadores habrían ofrecido comida, empleo y asistencia humanitaria a cambio de relaciones sexuales, aprovechándose de mujeres y jóvenes que habían huido de la guerra civil de Sudán.
Los hechos se remontan a 2024 y ocurrieron en el este de Chad, una de las principales zonas de acogida para quienes escapan del conflicto sudanés. MSF ha confirmado el despido de 18 empleados y colaboradores tras comprobar conductas graves, aunque reconoce que no pudo identificar a todos los presuntos responsables ni verificar la totalidad de las acusaciones.
La ayuda convertida en instrumento de coacción
Las denuncias describen un sistema de abuso basado en la dependencia extrema de las víctimas. Muchas de las mujeres afectadas necesitaban alimentos, atención médica, protección o empleo para sobrevivir después de haber perdido sus hogares a causa de la guerra.
Según los testimonios recogidos, algunos trabajadores utilizaron precisamente ese poder para exigir favores sexuales a cambio de mantener el acceso a bienes básicos. El informe interno de MSF llegó a detectar patrones que podrían encajar en formas de trata o explotación sexual.
La gravedad del caso no reside sólo en los abusos denunciados, sino en que habrían sido cometidos por personas integradas en una organización cuya misión oficial era proteger a quienes escapaban de la violencia.
Víctimas que temían perder la comida
Algunas mujeres decidieron no denunciar porque temían que los trabajadores les retiraran la ayuda humanitaria como represalia. Otras sí recurrieron a los mecanismos internos de queja, pero no recibieron respuesta ni apoyo suficiente.
MSF ha reconocido que sus procedimientos resultaron ineficaces en varios casos y que determinadas denuncias no fueron gestionadas de manera adecuada. La organización ha calificado los hechos como una «grave vulneración» de sus valores y responsabilidades y ha lamentado el daño causado.
Menores entre las posibles afectadas
Entre las acusaciones aparecen también referencias a chicas jóvenes, aunque las autoridades y la ONG no han publicado detalles sobre sus edades ni identidades. Conviene precisar que las 59 denuncias no equivalen necesariamente a 59 casos confirmados ni a 59 víctimas distintas.
Parte de las acusaciones pudo ser corroborada, mientras que otras no llegaron a verificarse por falta de pruebas o porque no fue posible identificar a todos los implicados.
Aun así, la investigación reunió información suficiente para provocar el despido de 18 personas y revelar fallos profundos dentro de la estructura de control de la organización.
Refugiadas de una guerra devastadora
Sudán vive una guerra civil desde 2023 entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido —RSF—. Más de once millones de personas han tenido que abandonar sus hogares y alrededor de 28 millones padecen hambre aguda. La violencia sexual ha sido utilizada de manera sistemática durante el conflicto, convirtiendo a mujeres y menores en objetivos directos.
Muchas de las refugiadas llegaron a Chad buscando seguridad y protección. Allí, algunas habrían terminado sometidas a nuevas formas de abuso por parte de quienes controlaban el acceso a la ayuda.
El lado oscuro de la industria humanitaria
El caso reabre el debate sobre la falta de controles efectivos dentro de grandes organizaciones internacionales. Durante los últimos años, trabajadores humanitarios de distintas entidades han sido acusados de aprovechar su posición para explotar sexualmente a personas vulnerables.
Las promesas de «tolerancia cero» no han impedido que estos abusos se repitan allí donde existe una enorme desigualdad entre quien reparte alimentos y quien depende de ellos para vivir.
