El procedimiento utilizado por el Gobierno de Pedro Sánchez para conceder la nacionalidad española a descendientes de emigrantes —vía «ley de nietos»— presenta, según responsables de varios archivos diocesanos, una debilidad importante: en numerosos expedientes no se contrasta con la fuente original la autenticidad de las partidas que sirven para acreditar el derecho.

El problema afecta sobre todo a los antepasados nacidos antes de 1871, cuando aún no existía el Registro Civil. En esos casos, las partidas de bautismo conservadas en parroquias y archivos eclesiásticos son muchas veces la única prueba documental disponible. La destrucción de iglesias y archivos entre 1931 y 1939 dejó además grandes vacíos documentales, especialmente en registros antiguos.

La instrucción dictada en octubre de 2022 por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública permite presentar una fe de bautismo junto a una certificación negativa del Registro Civil cuando no exista inscripción civil del padre o del abuelo. Esa solución ha convertido las partidas sacramentales en una vía habitual para acreditar vínculos con españoles del siglo XIX.

Archiveros de varias diócesis, entre ellas Orense, Lugo, Canarias, Santander, Valencia, La Laguna y Madrid, señalan que los consulados apenas verifican si los documentos aportados son auténticos. Frente a decenas de miles de certificados expedidos y consultas recibidas, las comprobaciones documentadas son mínimas, e incluso algunos archivos aseguran no haber recibido nunca una solicitud de cotejo, según avanza El Debate.

El volumen de peticiones refleja la magnitud del proceso. Cuba y Argentina figuran entre los principales países de origen de las solicitudes, junto a Estados Unidos, Uruguay, Brasil, México o Venezuela. En algunos casos, los documentos se envían primero a contactos en España que después los reexpiden al país real de destino, lo que dificulta conocer el origen efectivo de cada expediente.

Los responsables de los archivos advierten también de riesgos de fraude. Han detectado documentos falsos, presiones para adaptar apellidos a expedientes ya iniciados, uso de plantillas fácilmente manipulables, intermediarios que revenden partidas obtenidas por tasas reducidas y agencias que ofrecen servicios de búsqueda genealógica vinculados a la nacionalidad. Algunas diócesis, no obstante, matizan que esos fenómenos no se dan por igual en todos los territorios.

La preocupación de fondo es que el sistema permite tramitar expedientes apoyados en documentos que, en determinados casos, ya no pueden comprobarse plenamente porque los libros originales desaparecieron o fueron reconstruidos. Mientras el Gobierno presenta el procedimiento como modernizado y digital, los archivos consultados describen una zona ciega: la nacionalidad puede acabar concediéndose sobre pruebas que nadie contrasta de forma sistemática con la fuente que supuestamente las emitió.