El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una nueva transferencia de 2.291.398 euros para el Centro de Investigaciones Sociológicas —CIS—, dirigido desde 2018 por el socialista José Félix Tezanos. El dinero adicional estará destinado oficialmente a cubrir «insuficiencias de crédito» relacionadas con el pago de «estudios y trabajos técnicos», según la referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros.
La inyección llega después de años de polémicas por las previsiones electorales del organismo público, cuestionado de manera recurrente por sus estimaciones favorables al PSOE y por la metodología aplicada bajo la dirección de Tezanos, según informa The Objective.
Al mismo tiempo, Moncloa ha comunicado que la Administración General del Estado gastó 172,13 millones de euros en publicidad institucional durante 2025, aproximadamente un 9% más que en el ejercicio anterior.
Más dinero para el CIS de Tezanos
El Ejecutivo ha recurrido a una ampliación presupuestaria para reforzar las cuentas del instituto demoscópico. Los casi 2,3 millones adicionales se dedicarán a estudios y trabajos técnicos, aunque el Gobierno no ha detallado públicamente qué investigaciones concretas se financiarán, qué empresas o profesionales las ejecutarán ni por qué el presupuesto ordinario del CIS resultó insuficiente.
La decisión vuelve a colocar en el centro del debate el coste de un organismo cuya neutralidad es cuestionada por la oposición. Desde la llegada de Tezanos, antiguo miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, el CIS ha introducido modificaciones metodológicas y ha acumulado numerosas desviaciones respecto a los resultados electorales reales.
Pese a las críticas, Sánchez mantiene al frente del instituto a uno de sus dirigentes más controvertidos y continúa ampliando los recursos públicos puestos a su disposición.
172 millones para publicidad institucional
La transferencia al CIS coincide con la publicación del informe anual de publicidad y comunicación institucional. Durante 2025, el Gobierno gastó 172,13 millones de euros en campañas institucionales, casi un 10% más que el año anterior.
Estas campañas son presentadas como instrumentos para informar a la ciudadanía sobre servicios, derechos y actuaciones públicas. Sin embargo, su utilización ha provocado críticas por la dificultad de separar la información de interés general de la promoción política del Ejecutivo.
El aumento se produce además mientras Moncloa prepara nuevos anuncios sociales y compromisos de gasto en un escenario de creciente tensión electoral y profunda debilidad parlamentaria. La combinación de encuestas públicas, campañas institucionales y mensajes gubernamentales ofrece al Ejecutivo una potente estructura de comunicación financiada por los contribuyentes.
Millones para programas sin suficiente detalle
El Consejo de Ministros aprobó también un encargo de 60,36 millones de euros a Tragsatec para actuaciones de conservación y conocimiento del medio marino. La documentación difundida no concreta el reparto detallado de esa cantidad ni los trabajos específicos que realizará la empresa pública.
Asimismo, el Gobierno concedió una subvención directa de 500.000 euros al Centro Internacional de Toledo para la Paz. El dinero se distribuirá entre proyectos como el «Foro Árabe de Mediación», el «Foro de Diálogo Sahel-Europa» y distintos seminarios regionales sobre el Sahel.
También se autorizaron nuevas subvenciones de cooperación al desarrollo gestionadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo —AECID—, aunque en la información inicial no aparecen desglosadas todas las cantidades ni los destinatarios.
Otros 6.200 millones prometidos para dependencia
El Ejecutivo ha anunciado además un plan de refuerzo del sistema de atención a la dependencia valorado en 6.200 millones de euros. El Gobierno presenta el programa como una gran expansión de la cobertura social, pero no ha aclarado todavía con precisión su calendario presupuestario, su ejecución territorial ni de qué partidas saldrá todo el dinero comprometido.
El anuncio se produce cuando el Ejecutivo carece de una mayoría parlamentaria estable y afronta serias dificultades para aprobar nuevas cuentas públicas. La distancia entre los anuncios realizados en rueda de prensa y la capacidad real de ejecutar el gasto vuelve a abrir interrogantes sobre el uso electoral de los grandes compromisos sociales.
Más deuda y participaciones empresariales
El Consejo de Ministros autorizó además operaciones de endeudamiento a corto plazo para varias comunidades autónomas. Murcia podrá formalizar deuda por 900 millones de euros, mientras la Comunidad Valenciana contará con algo más de diez millones.
También se aprobó la participación de una sociedad estatal en tres compañías y fondos privados: 107 millones de euros en Multiverse Computing; 24,5 millones en Photonics Developments; 40 millones en Bullhound Capital Fund VII. En conjunto, estas operaciones movilizan más de 170 millones de euros públicos hacia empresas tecnológicas y vehículos de inversión.
