El Tribunal Supremo ha preguntado esta mañana a la Fiscalía si procede imputar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por un presunto delito de falso testimonio durante su declaración en la comisión de investigación del caso Koldo. El Alto Tribunal ha dado este paso después de recibir una querella de la asociación Hazte Oír, que acusa a la expresidenta balear de haber mentido de forma consciente para desvincularse de la trama de comisiones por la compra de material sanitario.
La polémica gira en torno a la intervención de Armengol del pasado 7 de junio de 2024, cuando compareció por primera vez ante el Senado. En aquella ocasión, negó tajantemente haber conocido al empresario Víctor de Aldama, figura clave en la red de intermediarios de la operación. “No lo conozco, no he hablado nunca con él, ni me lo han presentado”, respondió ante las preguntas del senador de VOX Ángel Pelayo Gordillo Moreno.
Sin embargo, unos meses después, en diciembre, se difundieron una serie de mensajes de texto que contradicen aquella afirmación. En esas conversaciones, Armengol le consultaba directamente a Aldama si conocía a alguien que vendiera mascarillas infantiles, recibiendo una respuesta afirmativa y una promesa de gestión: “Te lo arreglo. Déjame unas horas”. Ella replicó con un comentario distendido: “Solo faltaría”, acompañado de un emoticono de un beso.
Hazte Oír sostiene que estos intercambios prueban que sí existía contacto entre ambos, y que Armengol falseó esa relación al declarar en sede parlamentaria. Según la asociación, lo hizo con la intención de evitar ser asociada con la trama de las mordidas durante la crisis del COVID y el suministro de material sanitario, uno de los focos de investigación de la comisión del Senado, conocida como “Operación Delorme”.
La organización promotora de la querella entiende que el contexto de la conversación –la búsqueda de proveedores de mascarillas– es directamente relevante para los hechos que analiza la Cámara Alta, lo que agravaría la supuesta falsedad. En su escrito, argumentan que Armengol era plenamente consciente de la trascendencia jurídica de su declaración y del perjuicio de incurrir en una mentira ante los senadores.
Ayer martes, Armengol volvió a comparecer ante la comisión y fue interpelada de nuevo por este asunto. En esta ocasión, se defendió asegurando que no mintió ni ocultó nada, y justificó su respuesta anterior como un simple “lapsus”. Afirmó que en aquel momento “no pensó que lo conociera”, restando importancia al intercambio de mensajes.
