El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) ha desvelado nuevas conexiones entre la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y varios de los protagonistas de las investigaciones relacionadas con contratos sanitarios durante la pandemia. El documento apunta a su presencia no solo en el contexto de la conocida trama de mascarillas, sino también en gestiones vinculadas a un segundo proyecto centrado en pruebas PCR.
Según la investigación avanzada por Libertad Digital, uno de los elementos más llamativos es el papel de intermediación ejercido por Koldo García, quien habría actuado como enlace entre empresarios como Víctor de Aldama y la administración balear. Las comunicaciones reflejan cómo facilitaba contactos, trasladaba información y coordinaba encuentros con responsables políticos y técnicos.
En concreto, los agentes detallan intercambios de mensajes en los que Koldo intenta concertar reuniones directas con Armengol. Ante la imposibilidad de atenderle en ese momento, la entonces presidenta balear le remite al contacto de su secretaria, Águeda Quiñonero, quien posteriormente gestiona aspectos logísticos como autorizaciones de acceso a dependencias oficiales.
El informe también recoge cómo se organizó una reunión en Palma, incluyendo el envío de datos como matrículas de vehículos para permitir la entrada a edificios institucionales. Tras ese encuentro, se habrían compartido documentos relativos a un proyecto denominado «Covid Baleares», centrado en la implantación de test PCR, que fue remitido tanto a responsables autonómicos como a otros cargos del ámbito sanitario.
Paralelamente, empresarios implicados como Ignacio Díaz trasladaron propuestas a la Consejería de Salud de Baleares. Estas iniciativas incluían presentaciones técnicas y ofrecimientos para desarrollar infraestructuras de diagnósticos, en coordinación con cargos como Juli Fuster o la entonces consejera Patricia Gómez.
Además, el informe indica que dichas propuestas no se limitaron a Baleares, ya que documentación similar fue enviada a otras comunidades autónomas, como Canarias, lo que sugiere una estrategia más amplia de expansión de estos proyectos sanitarios.
Por otro lado, la investigación recuerda que, en el caso de los contratos de mascarillas, no se reclamó la devolución de los cerca de 3,7 millones de euros abonados pese a detectarse irregularidades en el material suministrado. Este hecho refuerza las dudas sobre la gestión de esos acuerdos durante los momentos más críticos de la pandemia.
En conjunto, la Guardia Civil concluye que las conversaciones analizadas evidencian una dinámica de contactos continuos entre empresarios y responsables públicos, con Koldo García como pieza clave en la transmisión de información y en la organización de reuniones relacionadas con proyectos sanitarios en plena crisis del COVID-19.
