La firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur ha reabierto una profunda brecha entre la clase política y el mundo rural europeo. Mientras las instituciones comunitarias y una parte importante del liderazgo político celebran el tratado como una «oportunidad histórica», miles de agricultores y ganaderos denuncian que esta decisión puede convertirse en una sentencia económica para el campo español y europeo al permitir la entrada masiva de productos procedentes de fuera de la UE que competirán en condiciones que consideran claramente desiguales.
Desde el inicio de su liderazgo al frente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo ha mantenido una postura favorable al acuerdo con Mercosur, enmarcándolo dentro de una visión más amplia sobre la necesidad de que Europa refuerce su posición en el tablero internacional a través del comercio y los tratados estratégicos.
Ya en 2022, cuando las negociaciones entre la UE y Mercosur volvieron a cobrar impulso tras años de estancamiento, Feijóo impulsó el acuerdo: «Entendemos que es una oportunidad y buscar un buen mensaje para los ciudadanos que están esperando señales de madurez para abrir nuevos mercados. Vamos a apoyar y apoyaremos este Tratado. Sería un antes y un después, un nexo que nos iba a traer algunas tensiones, pero muy buenas noticias teniendo un espacio muy importante en las dos orillas», insistiendo en que el acuerdo debía cerrarse “cuanto antes”.
Desde ese entonces esta posición ha sido constante y está la hemeroteca llena de referencias de este apoyo. El suyo y el de su partido. También a otros acuerdos con países como México o Chile.
Y es que otros dirigentes del Partido Popular reforzaron este mensaje. Algunos ejemplos. En 2024, El senador popular por Granada, Vicente Azpitarte, trasladaba «el firme apoyo» del Grupo Parlamentario Popular al acuerdo de asociación entre el Mercado Común del Sur, Mercosur, y la Unión Europea y reclamaba al Gobierno «liderar ante otros estados miembros la defensa de lo que considera una oportunidad histórica, que no podemos dejar pasar». Histórica, pero no en un sentido positivo, ciertamente.
Pero vayamos incluso más atrás en el tiempo. Negro sobre blanco escribía esto Esteban González Pons en 2020, a la sazón vicepresidente del Parlamento Europeo y vicesecretario de Institucional del PP: «Por eso, creo firmemente que no podemos malograr la oportunidad que representa este acuerdo con Mercosur. No solo por las implicaciones económicas, sino también por las geopolíticas». Lo pueden leer en El Confidencial.
Un acuerdo histórico, una reacción social sin precedentes
El acuerdo entre la UE y Mercosur, firmado tras más de dos décadas de negociaciones intermitentes, promete eliminar aranceles en más del 90% de los productos intercambiados entre ambos bloques. Sus defensores destacan que abrirá un mercado de más de 700 millones de consumidores y fortalecerá la posición europea frente a otras grandes potencias comerciales.
Pero en el terreno, para los afectados, para los que conocen bien qué pasará, la opinión es bien distinta. La reacción ha sido radicalmente contraria. Desde finales de 2025 y durante las primeras semanas de 2026, miles de agricultores y ganaderos han salido a las calles en España, Francia, Alemania, Bélgica, Polonia e Irlanda, en una ola de protestas que no se veía desde hace años.
En España, tractores han bloqueado carreteras nacionales y accesos a grandes ciudades. En Galicia, Extremadura, Andalucía, Castilla y León y Cataluña, los manifestantes portaban pancartas con mensajes como «Sin campo no hay comida» y «No a la competencia desleal«. Para muchos de ellos, el acuerdo no es solo un problema comercial, sino una amenaza directa a la continuidad de la agricultura familiar y al equilibrio del medio rural. La estocada de muerte al mundo rural, ya de por sí herido de gravedad.
Un agricultor de Jaén, dedicado al olivar, resumía el sentir general durante una protesta: «Nos exigen cumplir normas medioambientales, sanitarias y laborales cada vez más estrictas, mientras abren la puerta a productos que no pasan por los mismos controles. Así no se puede competir«.
El núcleo del rechazo al acuerdo se centra en la llamada “igualdad de condiciones”. Los agricultores europeos denuncian que producir en la UE implica costes elevados derivados de regulaciones medioambientales, restricciones en el uso de fitosanitarios, exigencias laborales y trazabilidad sanitaria. En contraste, muchos países del Mercosur operan bajo normativas diferentes, con menores costes de producción. Competencia desleal, en definitiva.
Para el campo europeo, esto se traduce en un temor claro: productos más baratos entrando al mercado comunitario, presionando a la baja los precios y poniendo en peligro la rentabilidad de las explotaciones locales.
Las organizaciones agrarias insisten en que no se oponen al comercio internacional en sí, sino a lo que consideran una «apertura asimétrica». «No pedimos cerrar fronteras, pedimos reglas justas«, afirmaba el portavoz de una asociación de ganaderos en una manifestación en Bruselas. «Si nosotros cumplimos unas normas, los productos que entren deberían cumplir las mismas«.
La postura del PP frente al malestar rural
Aunque Feijóo y otros líderes del PP han incorporado en su discurso referencias a la necesidad de proteger al sector primario, la percepción en el campo es que el respaldo político al acuerdo con Mercosur ha sido constante y decisivo. Siempre lo ha sido, desde que el presidente José María Aznar lo impulsara durante su mandato, y lo sigue siendo, a pesar de que ahora desde Génova quieran poner «peros» al acuerdo.
Y el debate, obviamente, no es exclusivo de España. En Francia, el acuerdo ha provocado una fuerte reacción de las organizaciones agrarias, que advierten de la entrada masiva de carne de vacuno y aves procedentes de Sudamérica. En Irlanda, el sector ganadero ha alertado de que sus explotaciones, ya presionadas por los costes y las políticas climáticas, podrían no sobrevivir a una nueva bajada de precios.
En Alemania y Bélgica, las protestas frente a las instituciones europeas han puesto de manifiesto un malestar que trasciende fronteras. Para muchos agricultores europeos, el acuerdo simboliza una política comercial que no tiene en cuenta la realidad del mundo rural.
La firma del acuerdo UE-Mercosur plantea una pregunta fundamental: ¿quién se beneficia realmente de esta apertura de mercados?.
Los defensores del tratado hablan de oportunidades para la industria, de mayor competitividad global y de influencia geopolítica. Pero para el campo europeo, estas promesas suenan lejanas y abstractas, pero sobre todo falsas, frente a una realidad muy concreta: precios en origen a la baja, costes al alza y un futuro cada vez más incierto. En definitiva, el final en su forma de vida…
Si el acuerdo se implementa sin mecanismos de protección efectivos, el riesgo de que miles de pequeñas y medianas explotaciones desaparezcan es real. Es prácticamente seguro. La España vaciada, por ejemplo corre el riesgo de morir definitivamente. La entrada en vigor no solo tendría un impacto económico, sino también social y territorial: despoblación aun mayor, pérdida de tradiciones agrícolas y una mayor dependencia de importaciones para alimentar a la población europea.
El apoyo político, incluido y por encima de todos, del Partido Popular y de su líder Alberto Núñez Feijóo, ha sido clave para que este tratado avance. Sus declaraciones desde su llegada a la presidencia del PP y hasta hoy muestran una visión clara: la prioridad de ir hacia adelante con un acuerdo que para muchos agricultores, está construido a costa de su propio futuro. En tantas y tantas provincias españolas.
El pulso final
Aunque el acuerdo ya ha sido firmado, su aplicación definitiva depende aún de procesos de ratificación en la Eurocámara. El campo europeo, mientras tanto, mantiene la presión en las calles, decidido a no aceptar lo que considera una infamia, una estafa.
Por ahora, la sensación entre la gente del campo, entre agricultores que se ganan el pan día a día en los pueblos de España y de Europa es clara: el futuro, su futuro, se ha decidido en despachos lejanos, sin escuchar a quienes trabajan la tierra cada día. Despachos en Bruselas, en Génova (en la calle Génova de Madrid), o en otras capitales de Europa donde los tractores sólo los han visto ahora, cuando han salido a la calle. Porque han ignorado e ignoran la problemática de un sector que sólo quiere resistir.
