Los contratos utilizados para justificar los pagos a José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas describían servicios de asesoramiento amplios y difíciles de concretar, establecían honorarios mensuales de 5.000 euros, se prorrogaban de forma automática e imponían estrictas obligaciones de confidencialidad. Los documentos, publicados por El Confidencial, forman parte de la investigación de la Audiencia Nacional sobre el caso Plus Ultra.
El Juzgado Central de Instrucción número 4 examina si estos acuerdos sirvieron para proporcionar una apariencia comercial a las cantidades cobradas por el expresidente socialista a cambio de sus gestiones ante el Gobierno de Pedro Sánchez y otras administraciones.
La empresa encargada de firmarlos era Análisis Relevante SL, administrada desde 2019 por Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero y señalado en la causa como su presunto testaferro. La compañía suscribía acuerdos de consultoría con empresas interesadas en la capacidad de intermediación del antiguo secretario general del PSOE.
Los documentos seguían un modelo titulado «Contrato de prestación de servicios de asesoramiento». En ellos, Análisis Relevante se presentaba como una consultora especializada en «tendencias y perspectivas geopolíticas, económicas y sociales» en España, Europa y otros países.
Informes sobre la situación del mundo
El objeto de los contratos era la prestación de servicios de asesoramiento a cambio de unos honorarios. Sin embargo, la definición concreta de los trabajos recurría a formulaciones genéricas.
Análisis Relevante se comprometía a entregar cada mes un informe sobre «las claves relevantes de la situación política, económica y social en el mundo», con especial atención a España y Latinoamérica. También debía abordar los principales sectores innovadores y las tendencias del «sistema multilateral» de organizaciones internacionales.
Los acuerdos añadían un «asesoramiento continuado» sobre diferentes países, organismos internacionales y políticas concretas. La empresa podía elaborar otros documentos acerca de cualquier cuestión que interesara al cliente para el desarrollo de su actividad.
La relación de servicios incluía asimismo la preparación de discursos y presentaciones, la formulación de iniciativas, la celebración de seminarios y «cualesquiera otros servicios». Esta última expresión permitía ampliar los trabajos sin delimitarlos previamente.
Según los investigadores, los informes entregados al amparo de estos contratos eran documentos breves y superficiales atribuidos a Zapatero. Las supuestas tareas de diseño y maquetación correspondían a Whathefav SL, la agencia de publicidad de sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa.
Un fijo mensual de 5.000 euros
El precio establecido por la elaboración del informe mensual ascendía a 5.000 euros. La cantidad coincide de forma aproximada con los pagos periódicos que Zapatero recibió de Análisis Relevante entre 2020 y 2025.
Los demás servicios se facturaban por separado tras la aceptación de un presupuesto por parte del cliente. A estas cantidades podían sumarse gastos extraordinarios derivados de viajes, desplazamientos, mensajería, reprografía o traducciones.
La sociedad emitía las facturas durante los cinco primeros días de cada mes y reclamaba que fueran abonadas «a la mayor brevedad» y, en todo caso, dentro de los treinta días posteriores a su emisión.
La duración habitual de los contratos era de doce meses. Una vez concluido ese plazo, quedaban prorrogados automáticamente si ninguna de las partes comunicaba su oposición. Análisis Relevante mantuvo varios de estos acuerdos hasta la entrada de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en sus oficinas en diciembre de 2025.
Secreto y «altos estándares éticos»
Otro de los elementos destacados del modelo contractual era la confidencialidad. Salvo determinadas excepciones, Análisis Relevante se comprometía a mantener en secreto «toda información recibida» en relación con los trabajos encargados.
Los documentos contenían también una cláusula mediante la cual la consultora garantizaba el cumplimiento de los «más altos estándares en materia de ética empresarial». La compañía afirmaba adherirse al código ético y a la política anticorrupción de cada cliente.
Esta declaración aparece ahora incorporada a una causa que investiga precisamente si los contratos fueron empleados para ocultar el pago de comisiones. Dos antiguos directivos de Plus Ultra han reconocido ante el juez que el acuerdo firmado con Análisis Relevante permitió canalizar una comisión del 1% por las gestiones atribuidas a Zapatero para favorecer el rescate de la aerolínea.
El Ejecutivo de Sánchez concedió a Plus Ultra 53 millones de euros públicos a través del fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Julio Martínez también declaró ante la Audiencia Nacional que Zapatero era el verdadero dueño de Análisis Relevante y que los informes mensuales servían para proporcionar cobertura a los pagos, según la información publicada por El Confidencial.
Los contratos terminaban con sendos apartados sobre protección de datos y resolución de conflictos. Las partes acordaban someter cualquier discrepancia a los «Juzgados y Tribunales de Madrid».
La Audiencia Nacional analiza ahora los servicios que se prestaron realmente bajo estas fórmulas y las gestiones efectuadas por Zapatero para los principales clientes de Análisis Relevante: Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva SL, Softgestor SL y la constructora Aldesa.
