Las medidas que el ministro Zoido plantea para controlar a los Mossos en la aplicación del 155 son poco eficaces
Una de las principales incógnitas que plantea la aplicación del artículo 155 de la constitución en Cataluña es el papel que jugarán los Mossos d’Escuadra. Hay dos cuestiones que están claras al respecto: la primera es que hay un cuerpo de seguridad atonómico formado por 17.000 efectivos; la segunda es que la actitud y el comportamiento de éstos está todavía por ver ante la indefinición de la mayoría de ellos.
Los manejos del Ejecutivo de Puigdemont han conseguido colocar entre los mandos de la policía regional a miembros muy ideologizados y partidarios del proceso de ruptura de España. Como se pudo ver en la celebración 1-O, las órdenes que se transmitieron a los agentes, frente a lo que había solicitado la Fiscalía, fue la de no actuar contra la consulta ilegal convocada.
Pero cada vez queda más claro que hay una mayoría de agentes que no están dispuestos a volver a contravenir la legalidad. Los números que baraja el ministerio de Interior es que, en el peor de los escenarios, unos 8.000 agentes no colaborarían con Policía Nacional y Guardia Civil.
Las medidas de Zoido, de dudosa eficacia
El Gobierno de España cuenta con más de 12.000 agentes en Cataluña, entre las fuerzas desplazadas en las últimas semanas y las que trabajan allí de manera permanente. Con ese contingente el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, pretende reestablecer la legalidad en una Cataluña en la que tendrá que sustituir a los Mossos que no colaboren con la aplicación de la legalidad y controlar los altercados que provoquen los separatistas radicales, a los que cuantifica en más de 50.000.
Estos efectivos deberán hacerse cargo de las comisarías de los Mossos en los que se perciba una mayoría de agentes separatistas. Esta será la misión de los agentes desplazados que no sean miembros de los cuerpos de antidisturbios de Policía Nacional y Guardia Civil. Es decir, que quedará en manos de los agentes de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana. En total, unos 3.000 agentes más los que se deriven de los que tienen destino permanente en Cataluña. Una cantidad que sería la mitad que la de los Mossos a los que tienen que sustituir.
Para intentar evitar que los Mossos decidan incumplir alguna de las órdenes derivadas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, Zoido propone que se establezca un sistema de sanciones rápidas. En principio estarían destinadas a los mandos de los agentes autonómicos, mucho más politizados que los agentes, pero serían aplicados a todos los miembros del cuerpo.
Estos expedientes se aplicarán por falta muy grave de desobediencia y llevarán aparejada la suspensión de empleo y sueldo y podrían acabar con la expulsión definitiva del cuerpo una vez terminado el expediente disciplinario que sería gestionado por Interior y no por el departamento de Régimen Interno de los Mossos.
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