El consejero de la Presidencia, Jordi Turull, ha anunciado una batería de recursos jurídicos para intentar frenar la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Tras su reunión de este martes, la primera «bajo la amenaza» de la aplicación del 155, según ha denunciado Turull, el Gobierno catalán ha acordado la «respuesta jurídica», con la intención de «agotar las vías internas», antes de acudir a instancias internacionales.
De entrada, el Ejecutivo de Carles Puigdemont pedirá un informe al Consejo de Garantías Estatutarias, al entender que las medidas que plantea el Gobierno de Mariano Rajoy «sobrepasan todos los limites» legales.
La solicitud del informe será el paso previo a plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC).
Una vez el presidente de la Generalidad reciba el requerimiento del Senado para que plantee sus alegaciones, se interpondrá un recurso de amparo ante el TC por una cuestión de plazos, de formas y de fondo, ha explicado Turull.
Ante el Tribunal Supremo se presentarán recursos por la vía contencioso administrativa para «declarar nulo» el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado sábado para desarrollar el 155, porque «sobrepasa» lo que dice la Constitución.
Además se pedirán «medidas cautelarísimas» para que se suspenda el acuerdo del Gobierno del Estado, que incluye el cese de todos los miembros del Ejecutivo catalán.
Precisamente, el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y cada uno de los consejeros, ha añadido Turull, presentarán «de manera individual» un recurso contencioso administrativo para proteger sus «derechos fundamentales».
Según Turull, las medidas que el Gobierno central ha trasladado al Senado «contravienen» las elecciones catalanas de 2015 y el posterior nombramiento del presidente de la Generalidad y de sus consejeros.
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