La investigación del caso Plus Ultra está generando asombro a nivel policial por la limitada repercusión que, hasta ahora, estaría teniendo sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, pese a aparecer mencionados en distintas diligencias y testimonios vinculados al procedimiento.
La causa, que instruye el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, se centra en un presunto delito de blanqueo de capitales atribuido a la aerolínea Plus Ultra, supuestamente relacionado con fondos procedentes de Venezuela. Todo ello se investiga en el contexto del rescate público de 53 millones de euros concedido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2021 a través de la SEPI, operación que ahora se examina bajo sospecha de uso irregular.
Por el momento, el presidente de la compañía, Julio Martínez; su consejero delegado, Roberto Rosell; otro empresario homónimo y un abogado español declararon ante el juez el pasado mes de diciembre y quedaron en libertad con medidas cautelares. Ninguno de ellos se encuentra actualmente en prisión, mientras la instrucción continúa abierta.
Según fuentes policiales citadas por Libertad Digital, dentro de los cuerpos de seguridad habría sorpresa por el hecho de que la investigación esté siendo llevada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y no por la UCO de la Guardia Civil, lo que habría generado recelos internos. Las mismas fuentes apuntan a que Zapatero mantendría influencia en ámbitos del Ministerio del Interior a través de su relación con Segundo Martínez, exresponsable de Seguridad de La Moncloa, extremo que no consta oficialmente acreditado.
Estas fuentes también sostienen que durante la instrucción se habrían detectado movimientos económicos «llamativos» entre una empresa vinculada a las hijas del expresidente y el empresario Julio Martínez, sin que se haya esclarecido aún su finalidad real. A su juicio, dichos pagos justificarían ampliar las actuaciones, aunque subrayan que, a día de hoy, no existe imputación formal contra Zapatero ni sus familiares.
Desde ese entorno policial se insiste en que una de las claves de la investigación debería pasar por analizar las cuentas bancarias del expresidente y de sus hijas para descartar o confirmar la existencia de comisiones ilegales. Al mismo tiempo, se afirma que la Fiscalía Anticorrupción habría pedido que las diligencias se manejen con discreción para evitar filtraciones o posibles avisos previos.
En paralelo, el Ministerio Público indaga si Plus Ultra pudo haber utilizado el rescate estatal para canalizar dinero de origen ilícito a través de Francia, Suiza y España. La sospecha principal es que la aerolínea habría realizado un «uso indebido» de las ayudas públicas aprobadas por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021.
Más concretamente, la Fiscalía investiga si esos fondos estarían vinculados a supuestas malversaciones cometidas en Venezuela por funcionarios públicos, entre ellas recursos procedentes de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y de operaciones de venta de oro del banco central del país. Según esta línea de investigación, parte del dinero del rescate habría sido transferido poco después de su recepción a cuentas extranjeras de sociedades supuestamente conectadas entre sí.
A este contexto se han sumado recientemente declaraciones de Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien aseguró en una entrevista televisiva que Zapatero habría desempeñado un papel clave en el rescate de Plus Ultra, actuando —según su versión— como un intermediario o «lobista» de la operación. También afirmó que su padre le habría relatado presiones directas del expresidente sobre Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Transportes, para sacar adelante la ayuda.
Víctor Ábalos describió ese entramado como una estructura triangular: Zapatero en la cúspide, el ámbito empresarial en la base —citando a la consultora Acento, vinculada a José Blanco— y una supuesta cobertura institucional desde Interior bajo Fernando Grande-Marlaska, con participación de Segundo Martínez. Además, vinculó este episodio al llamado «Delcygate», sosteniendo que la finalidad principal de aquel viaje habría sido reunirse con Zapatero, a quien llegó a definir como un «presidente en la sombra» en materia de política exterior, afirmaciones que forman parte de su testimonio personal y no han sido corroboradas judicialmente.
