Una investigación sobre cohecho en la compra de uniformes para la Policía Nacional, ha descubierto una trama de corrupción en el seno de la Guardia Civil desvelada en exclusiva por ABC, y que afecta a contratos de suministros manipulados durante 20 años por un importe de 180 millones de euros. Es la cantidad que maneja Asuntos Internos de la Guardia Civil, que lleva cuatro años investigando este asunto, actualmente en el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid.
El modus operandi consistía en un acuerdo entre los agentes encargados de comprar suministros y empresarios o sus representantes comerciales de al menos 26 compañías, para amañar los contratos públicos de botas, chalecos antibalas, cascos o monos, que siempre recaían en los mismos proveedores. A cambio recibían móviles, videoconsolas, viajes, entradas de fútbol, comidas o monterías. Al hijo de uno de los imputados le pagaron los estudios. Las empresas también se organizaban entre ellas para repartirse los lotes a suministrar y pactar los precios. A los imputados los investigan por cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude a las administraciones públicas, negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, blanqueo de capitales, y organización criminal.
La investigación considera que los contratos amañados comenzaron de la mano de Alberto José Martín Altube, ex jefe de la Sección Técnica del Sabas, en el año 2000. Su sustituto, Juan Antonio Maroto, siguió con la misma forma de actuar, llevando incluso una contabilidad con apuntes de entregas de dinero.
Además, la trama criminal habría fraccionado en contratos menores que no eran tales y no podían trocearse. En total, la investigación ha hallado un centenar de expedientes manipulados y detalla contratación «arbitraria» y manipulada de forma torticera a favor de los implicados, que llegaron a comprar suministros que no eran necesarios o con los que ya contaban.
