La mutilación genital femenina (MGF), considerada por Naciones Unidas una grave violación de los derechos humanos, era una práctica inexistente en Canarias. Sin embargo, en los últimos años, su presencia ha comenzado a detectarse en el archipiélago, coincidiendo con el aumento del flujo migratorio a través de la Ruta del Atlántico. Sólo en los primeros nueve meses de 2024, los servicios sanitarios canarios identificaron a 72 mujeres con signos evidentes de haber sufrido ablación, lo que evidencia la llegada de esta forma de violencia a un territorio donde antes no se registraban casos.
Los protocolos de atención en Canarias no han detectado que la mutilación genital se practique dentro del territorio, pero los casos aparecen entre las mujeres que llegan desde países donde esta práctica es común. Y los casos cada vez son más comunes y van desde niñas de tres años hasta mujeres de 48, según la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud (SCS).
Las consecuencias de la MGF no sólo son físicas, sino también emocionales y psicológicas. «Las mayores complicaciones llegan en la vida adulta, cuando tienen relaciones sexuales, durante el embarazo o en el momento del parto«, destaca Aisha Ismail, fundadora de la organización Save a Girl, Save a Generation a la Cadena Ser.
En la mayoría de los casos, la ablación se realiza a niñas de entre siete días y 15 años, pero también hay situaciones en las que mujeres adultas que han crecido en Europa se someten voluntariamente a la práctica por presiones culturales o para ser aceptadas en la comunidad de sus maridos. «Nos hemos encontrado con mujeres que deciden hacerlo al casarse con hombres de sociedades donde la MGF es habitual», advierte Ismail.
En Canarias, la MGF se aborda a través de protocolos específicos en dos tipos de situaciones. Por un lado, están las mujeres que llegan al archipiélago con la ablación ya practicada, quienes reciben atención médica y seguimiento de sus secuelas. En estos casos, el procedimiento sanitario incluye la anotación en su historial clínico, tanto si son adultas como si se trata de menores. En el caso de niñas, además, se notifica automáticamente a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia.
Por otro lado, el SCS trabaja con menores en riesgo de ser sometidas a la mutilación cuando regresan a sus países de origen. En estas situaciones, los padres o tutores deben firmar un documento de compromiso en el que se comprometen a proteger a la niña de la práctica.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica la mutilación genital femenina en cuatro tipos, dependiendo de la gravedad del procedimiento. En Canarias, más del 90% de los casos detectados corresponden a los tipos 1 y 2, que implican la extirpación parcial o total del clítoris y, en algunos casos, la resección de los labios menores y mayores.
Con el crecimiento del flujo migratorio y la llegada de más mujeres que han sufrido esta forma de violencia, la necesidad de reforzar los protocolos de detección y atención en el archipiélago se vuelve cada vez más urgente.
A nivel mundial, más de 230 millones de mujeres han sido víctimas de mutilación genital, según Naciones Unidas.
