Pese a que el debate sobre la «libre autodeterminación de género» ha vuelto a la palestra como consecuencia de la nueva ley trans promovida por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, más de la mitad de las comunidades autónomas ya reconocen este «derecho» en sus respectivas normas sobre «igualdad» y «no discriminación por orientación sexual e identidad de género».
Como sucede en Madrid con el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, y pese a que el Partido Popular ha arremetido contra la propuesta de ley de Montero, gobiernos autonómicos liderados por populares mantienen vigentes leyes casi idénticas donde gobiernan.
En la Región de Murcia y desde el 2016 existe la Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. La norma, como ya hacen la ley Cifuentes y la ley Montero, determina que «ninguna persona podrá ser obligada a someterse a un examen médico o psicológico que coarte su libertad de autodeterminación».
La ley fue aprobada –de nuevo, como ocurrió en Madrid– con un Gobierno del Partido Popular, liderado entonces por Pedro Antonio Sánchez, y sigue vigente con el Ejecutivo de Fernando López Miras.
Lo mismo ocurre en Andalucía donde, pese al cambio de color del Gobierno autonómico después de más de 40 años de socialismo, rige una ley trans que reconoció el «derecho a la autodeterminación de género» mucho antes de que la ministra Montero hiciera saltar las alarmas con el asunto.
En la comunidad andaluza y desde 2014 existe la Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Una vez más, la norma desvincula el ejercicio del «derecho» de la «necesidad de aportar diagnósticos previos que acrediten una disonancia estable entre el sexo biológico y la identidad de género sentida como propia». Asimismo, prima el «interés superior menor del menor sobre cualquier otro interés legítimo» y, en caso de una negativa de los padres o tutores ante un supuesto cambio de género, contempla el recurso judicial.
La norma fue aprobada por el Ejecutivo de Susana Díaz, pero sigue hoy vigente con el Gobierno de Juanma Moreno.
Además de Madrid y estas dos comunidades lideradas por el Partido Popular, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Navarra, País Vasco, la Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña, y La Rioja también recogen «el derecho a la autodeterminación de género» en sus respectivas normativas.
Es decir, en más de la mitad de las comunidades españolas existen leyes similares a la de Irene Montero. Como novedad, uno de los objetivos principales del nuevo proyecto es recoger ese «derecho a la autodeterminación del género» ante el Registro Civil.
Desde 2007, cuando se eliminó el requisito de haberse sometido a cirugía de reasignación de sexo, en España se exige un diagnóstico médico de disforia de género y que se haya seguido durante al menos dos años un tratamiento hormonal.
El proyecto de ley diseñado por el Gobierno elimina esos requisitos y para los menores establece condiciones según tramos de edad: entre los 12 y los 14 años se necesitará aprobación judicial para la cambio de sexo; entre 14 y 16, la asistencia de padres o tutores; y a partir de los 16 no habrá limitación alguna.
