Un informe encargado por el PP del País Vasco sobre la propuesta de «nuevo estatus» para Euskadi presentada por el PNV sostiene que la mayoría de sus medidas requerirían de una reforma de la Constitución y deberían ser aprobadas por el conjunto de los españoles, no solo por los vascos.
El PP encargó al catedrático de Derecho Constitucional de la universidad a distancia UNED Carlos Vidal Prado este informe sobre la propuesta del PNV en la ponencia de autogobierno y sobre la realizada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, a la Comisión Europea.
El jurista, catedrático desde marzo del pasado año y vocal de la Junta Electoral Central a propuesta del PP, sostiene que ni la «bilateralidad» entre Euskadi y el Estado, a través de un «concierto político» de inspiración confederal, ni el derecho a decidir o de autodeterminación tienen cabida en la Constitución.
Tras aseverar que «no existe un sujeto jurídico político diferente al pueblo español» como «único titular de la soberanía», afirma que la pretensión de implantar un sistema confederal no cabe en la Constitución porque sería «la imposición de una parte al todo».
«Es el todo quien tiene que pronunciarse antes que la parte y no la parte imponer su criterio al todo mediante una hipotética negociación bilateral», añade.
La propuesta que presentó el PNV se articula a partir de la Disposición Adicional Primera de la Constitución, que reconoce los derechos históricos de los territorios forales, pero Vidal Prado recuerda que el Tribunal Constitucional los ha acotado «casi exclusivamente» al régimen tributario de las haciendas forales y que la propia adicional primera establece que la actualización del régimen foral debe hacerse en el marco de la Constitución.
«Lo que se viene a garantizar es la ‘foralidad’, pero no todos y cada uno de los derechos que históricamente la hayan caracterizado», asevera el catedrático, para quien el «único fundamento del autogobierno» del País Vasco «está en la propia Constitución y no en los derechos históricos».
Vidal Prado, cuyo informe el PP vasco suscribe plenamente, agrega además que los derechos forales pertenecen a cada uno de los territorios históricos, no al «pueblo vasco», «un nuevo sujeto que no puede disponer de unos derechos históricos que no le pertenecen».
En cuanto al denominado derecho a decidir, el otro de los grandes elementos de la propuesta del PNV, el jurista y articulista considera que su reconocimiento supondría «no solamente la ruptura del Estado, sino la destrucción de la Constitución».
«Ningún Estado y ninguna Constitución pueden prever mecanismos que faciliten su propia destrucción» dice Vidal Prado, que explica que los únicos Estados que admiten una posible separación de una parte de su territorio son Saint Kitts y Nevis, Liechtenstein, Etiopía y Uzbekistán.
Respecto a la petición del lehendakari a la UE de una «directiva de claridad», Vidal Prado destaca que la Ley de Claridad canadiense a la que recurren los nacionalistas, y también Elkarrekin Podemos, recogía que las partes de Québec que en el referéndum votasen a favor de seguir en Canadá podrían hacerlo aunque en la mayoría de la región francófona triunfara la opción secesionista.
