Los efectos de la ley de nietos y su intención de alterar el censo electoral empiezan a verse en pequeños municipios que ya tienen más electores fuera de España que vecinos con derecho a voto dentro. El caso más elocuente es Madarcos, en la Sierra Norte de Madrid: a 2026 cuenta con 54 votantes inscritos en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) frente a 52 electores presenciales. En un pueblo de apenas un centenar de censados, el voto exterior ya supera al de quienes viven allí.

Ese fenómeno no es aislado. Según el recuento difundido a 1 de julio de 2026, 451 municipios españoles tienen un CERA equivalente al menos al 50% de su población residente; 220 alcanzan el 75%; 123 tienen tantos o más electores en el extranjero que habitantes empadronados; y en 21 localidades el censo exterior iguala o duplica a toda la población residente. La llamada Ley de Nietos —la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022— ha abierto la nacionalidad a cientos de miles de descendientes de españoles, muchos de los cuales nunca han vivido en el país y, una vez inscritos en el registro consular, entran en el CERA.

El mecanismo que convierte esas nacionalizaciones en voto útil es la adscripción municipal. Quien nunca residió en España debe quedar vinculado al municipio de «mayor arraigo», propio o de sus ascendientes. En la práctica, el formulario consular permite declarar el municipio y la provincia «deseados» sin exigir prueba documental rigurosa. El resultado es que el voto se suma a la circunscripción provincial en las elecciones generales, autonómicas y europeas, aunque el nuevo nacional no tenga vínculo real con ese pueblo. El CERA nacional ha pasado de unos 2,33 millones de inscritos en 2023 a más de 2,71 millones en 2026.

A ese incremento se suman irregularidades de adscripción. Se ha documentado el caso de un español de Pozuelo de Alarcón residente en Suiza cuyo hijo fue inscrito en Madarcos, en lugar de en el municipio de mayor arraigo que correspondería por la Orden EHA/642/2011. El voto se contabiliza igual en la circunscripción de Madrid, pero se elude el criterio legal de vinculación. Críticos como el perito informático Gabriel Araújo denuncian que esa discrecionalidad permite concentrar nuevos electores en localidades y provincias concretas sin control efectivo.

El avance del censo exterior coincide con un mapa electoral cada vez más sensible a márgenes estrechos. Madrid, la circunscripción que más escaños reparte, ha registrado uno de los mayores crecimientos del CERA. Mientras el Gobierno presenta la norma como reparación histórica, VOX y asociaciones jurídicas la describen como un pucherazo encubierto: no se manipulan urnas el día de la votación, sino que se rediseña de antemano quién puede votar y en qué provincia se cuenta esa papeleta. En decenas de pueblos, esa operación ya ha invertido la relación entre votantes de dentro y de fuera.