El Gobierno de Pedro Sánchez reforzó la seguridad del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta el 29 de julio de 2026, un día antes de la entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos. Lo hizo mediante una modificación de contrato por 279.478,27 euros (254.325,23 euros sin impuestos) para el servicio de vigilancia privada de las instalaciones. La cifra, redondeada a unos 300.000 euros, consta en un anuncio de la Plataforma de Contratación del Sector Público publicado el 3 de agosto.
El documento, correspondiente al expediente 202303JC0321 y al contrato 17/2024/JC/03/PA/17 y adelantado por @CanarioToday, indica que la fecha de la modificación es precisamente el 29 de julio. El objeto es el servicio de seguridad y vigilancia privada del CETI durante 12 meses prorrogables, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según el anuncio, el cambio no altera la naturaleza del contrato ni supera el 20% del precio de adjudicación, y eleva el importe total a 2.244.559,85 euros con impuestos.
Esa misma jornada, sindicatos como CCOO exigían más vigilantes ante la sobreocupación del centro, que ya superaba con creces sus 512 plazas oficiales. Al día siguiente, el 30 de julio, y el 31, se produjo la avalancha que las autoridades locales cifraron en decenas de miles de entradas irregulares —estimaciones posteriores del Gobierno hablaron de alrededor de 72.000 personas—, un episodio que el Ejecutivo calificó de ataque a la integridad territorial.
El Gobierno ha sostenido que no podía prever la magnitud de lo ocurrido. Pedro Sánchez afirmó que no existía información que compartiera «la gravedad y la magnitud» de la entrada masiva y atribuyó el fenómeno a una lectura interesada de una sentencia del Tribunal Supremo por parte de las mafias. Fernando Grande-Marlaska insistió en que no hubo informes que anticiparan lo que sucedería el 30 de julio.
Sin embargo, la coincidencia temporal resulta llamativa. La ministra de Defensa, Margarita Robles, explicó en el Congreso que el 29 de julio el CNI trasladó a la Delegación del Gobierno la existencia de una convocatoria para entrar a nado al día siguiente, aprovechando un festivo en Marruecos. Otras informaciones apuntan a que los servicios de inteligencia habían localizado grupos de WhatsApp relevantes días antes y que circulaban avisos por canales compartidos entre Interior y Defensa.
La ampliación del contrato de seguridad del CETI el mismo día en que, según distintas versiones, se recibían alertas sobre una convocatoria inminente alimenta la tesis de que las autoridades no actuaron a ciegas. Quienes defienden esa lectura —resumida en la frase «sabían que iba a pasar»— señalan que un centro ya tensionado y un gasto extraordinario de casi 280.000 euros en vigilancia privada no encajan con la narrativa de total imprevisión. El anuncio oficial de la modificación, aparecido días después de la crisis, ha reabierto el debate sobre qué se sabía realmente en Moncloa e Interior la víspera de la avalancha.
