El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) ha votado, junto al PSOE y la extrema izquierda de Más Madrid, en contra de una iniciativa presentada por VOX en la Asamblea regional que pretendía instar al Ministerio del Interior a facilitar datos sobre el origen de los autores de delitos en la Comunidad de Madrid. La propuesta buscaba, según sus promotores, equiparar a la región con otros territorios donde ya se difunde este tipo de información estadística.

La portavoz de VOX en la Cámara autonómica, Isabel Pérez Moñino, criticó la postura del Ejecutivo madrileño y acusó al Partido Popular de falta de coherencia, al recordar que una iniciativa similar fue defendida por los populares en Bilbao días antes. Durante el debate parlamentario, sostuvo que disponer de esos datos permitiría a los profesionales de seguridad diseñar estrategias más eficaces y analizar las tendencias delictivas con mayor precisión.

Desde la formación, se insistió en que la petición no suponía una medida excepcional, sino una demanda de mayor transparencia institucional. Moñino defendió que los ciudadanos tienen derecho a conocer información detallada sobre la criminalidad y afirmó que ocultar determinados indicadores impide comprender la evolución real de la delincuencia en los barrios madrileños.

La portavoz también cargó contra la política migratoria aplicada en la región, asegurando que el Ejecutivo autonómico ha favorecido una llegada masiva de personas sin los controles adecuados. En su intervención, vinculó esta cuestión con el debate sobre seguridad ciudadana y reclamó que se publiquen datos desglosados que, según dijo, ya se manejan en otros territorios como Cataluña, Navarra o el País Vasco.

Durante el pleno, VOX citó estadísticas difundidas en Barcelona para respaldar su postura, señalando porcentajes elevados de detenidos extranjeros en determinados delitos. A partir de esos ejemplos, preguntó por qué en Madrid no se sigue el mismo modelo informativo y cuestionó la negativa del Gobierno regional a solicitar formalmente esos registros al Ministerio del Interior.

El rechazo de la iniciativa ha intensificado el enfrentamiento político en la Asamblea, donde el grupo proponente considera que la decisión responde a un intento de evitar el desgaste político derivado del debate sobre inmigración y seguridad, mientras que el Ejecutivo madrileño y el resto de grupos que votaron en contra sostienen que este tipo de planteamientos pueden generar polémica social y requieren un enfoque más amplio dentro de las políticas públicas de convivencia y seguridad.