La Comunidad de Madrid, en manos de Isabel Díaz Ayuso (PP), ha aprobado un acuerdo marco por valor de 32,3 millones de euros para la gestión del servicio de acompañamiento educativo y alojamiento dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años que han salido del sistema de protección de menores y se encuentran «en situación o grave riesgo de exclusión social».
Según la resolución publicada por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales y adelantada por @CanarioToday, el contrato tiene como objetivo establecer las condiciones para la prestación de servicios de alojamiento y apoyo educativo, así como los procedimientos administrativos necesarios para su ejecución a través de contratos basados en este acuerdo marco. La iniciativa podrá ser cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus 2021-2027.
El acuerdo se estructura en tres lotes y contempla un valor estimado total de 32.358.252,20 euros. El primer lote, con un importe superior a los 21 millones de euros, corresponde a plazas de alojamiento con acompañamiento educativo general. El segundo y el tercero, con importes de 7,5 y 3,5 millones de euros respectivamente, se centran en otros recursos residenciales y modalidades de atención específicas.
De acuerdo con los datos de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, en 2024 un total de 413 jóvenes alcanzaron la mayoría de edad dentro del sistema de protección de la Comunidad de Madrid. De ellos, una parte significativa correspondía a menores migrantes no acompañados (menas), un perfil que ha ido en aumento en los últimos años.
Las cifras oficiales reflejan también un crecimiento sostenido en el número de jóvenes que salen del sistema de protección. En 2016 fueron 178, mientras que en 2021 la cifra ascendió a 301 y en 2024 superó los 400, lo que supone un incremento notable en menos de una década.
Desde el Gobierno regional se señala que el programa busca facilitar la transición a la vida adulta de estos jóvenes, promoviendo su inserción educativa, social y laboral, así como el acceso a una vivienda estable, con el fin de prevenir situaciones de exclusión social y sinhogarismo.
