El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) ha lanzado una licitación para atender a 250 menores extranjeros no acompañados (menas) durante un periodo de dos años con un presupuesto que supera los 37 millones de euros, según la documentación oficial de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
El contrato, articulado mediante un Acuerdo Marco y adelantado por @CanarioToday, prevé financiar plazas en centros residenciales de acogida entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2028. El precio de referencia fijado por la Comunidad de Madrid es de 186 euros por plaza y día, una cantidad a la que posteriormente se añade el IVA, lo que eleva el importe total del expediente hasta los 37,39 millones de euros.
El cálculo parte de un modelo tipo de centro residencial con diez plazas y atención ininterrumpida las 24 horas del día durante los 731 días de duración del acuerdo. Sobre esa base, la administración regional estima un coste sin impuestos de 33,99 millones de euros, a los que se suman algo más de 3,39 millones en concepto de IVA al 10 %.
La previsión presupuestaria se distribuye en tres ejercicios: cerca de 9,4 millones de euros en el segundo semestre de 2026, alrededor de 18,6 millones durante todo 2027 y algo más de 9,3 millones en el primer semestre de 2028. Además, el pliego contempla posibles modificaciones y prórrogas que podrían elevar el valor máximo del acuerdo hasta los 74,7 millones de euros sin IVA.
La documentación detalla también la estructura de costes de cada centro. La mayor parte del gasto corresponde a personal, con más de un millón de euros en salarios por cada recurso de diez plazas durante dos años. A ello se añaden partidas para alimentación, ropa, transporte, material escolar, farmacia, actividades de ocio y mantenimiento, además de los gastos generales, los costes indirectos y el margen empresarial.
La licitación se tramita por procedimiento abierto y permitirá adjudicar contratos basados sin necesidad de nuevas convocatorias. El presupuesto se cargará al programa autonómico de «Protección a la familia y al menor», dentro del capítulo destinado a conciertos con entidades privadas.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo madrileño busca ampliar la red de acogida residencial ante el incremento de llegadas de menores migrantes, un asunto que en los últimos meses ha generado un intenso debate político y social sobre el reparto de responsabilidades entre comunidades autónomas y la financiación de estos recursos.
