Las cloacas del PSOE vuelven a situarse en el centro de una investigación judicial después de que el magistrado Santiago Pedraz haya ampliado el foco de la pieza secreta del caso Leire. La causa, sustentada en pesquisas de la Guardia Civil, apunta a una presunta estrategia de coordinación desde el entorno socialista para neutralizar investigaciones sensibles contra el partido y contra el propio Gobierno.

Uno de los nombres que aparece ahora bajo la lupa de la Audiencia Nacional es el del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, antiguo mando de la Unidad Central Operativa entre 2008 y 2022. Según avanza El Mundo, el juez investiga si este oficial pudo participar en maniobras destinadas a obstaculizar procedimientos judiciales y a alimentar sospechas ante la dirección del Instituto Armado. En concreto, Pedraz sostiene que Sánchez Yepes habría podido «colaborar para impulsar sospechas ante la directora de la Guardia Civil».

La situación del capitán se complica porque su nombre también figura en otra investigación de gran relevancia: el denominado caso Hidrocarburos, vinculado a Víctor de Aldama y al presunto fraude de 136 millones de euros cometido a través de la empresa Gaslow en el IVA. Esta conexión coloca a Sánchez Yepes en un cruce de causas judiciales que afectan tanto a la presunta corrupción económica como a las supuestas maniobras de presión institucional.

El auto del juez atribuye al capitán delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado. Según la investigación, habría participado en una organización orientada a desestabilizar procedimientos judiciales incómodos para el PSOE. Los investigadores sitúan estas actuaciones dentro de un plan para recopilar información reservada, personal y protegida por ley sobre mandos de la UCO.

Uno de los episodios centrales se produjo en diciembre de 2024, cuando el abogado Jacobo Teijelo, también imputado, mantuvo una reunión con Sánchez Yepes para presentarle a Leire Díez como una «persona del PSOE». En aquel encuentro, que fue grabado y ya consta incorporado a la causa, participaron también el empresario Javier Pérez Dolset y el propio Teijelo. De acuerdo con el auto, el capitán llegó a facilitar datos sobre el teniente coronel Antonio Balas, responsable de la UCO que investiga causas relacionadas con el entorno familiar de Pedro Sánchez.

La conversación reflejaría, según el instructor, que Sánchez Yepes era consciente del carácter delicado de la información que estaba proporcionando. «Eso mañana se publica y saben que soy yo y me machacan hasta en el carnet», habría llegado a decir el capitán durante aquella cita, en referencia al riesgo de que se identificara su participación en la filtración.

La investigación también recoge la posible difusión de mensajes comprometidos de WhatsApp entre José Luis Ábalos y otros dirigentes relevantes del PSOE, conversaciones que acabaron publicadas en medios de comunicación. El juez enmarca estos hechos dentro de la presunta estrategia para obtener y utilizar información reservada sobre mandos policiales y responsables de investigaciones sensibles.

El caso presenta similitudes con la causa que dirige el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, donde se investiga a Leire Díez, señalada como fontanera de Ferraz, por supuestas maniobras para influir en fiscales y obtener información comprometida. Según los investigadores, esa operativa habría estado dirigida por Santos Cerdán, entonces número tres del PSOE y hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez en la estructura del partido.

Uno de los testimonios clave en esa pieza es el del fiscal Ignacio Stampa. En su declaración como testigo, Stampa relató que Leire Díez y Javier Pérez Dolset le citaron en mayo de 2025 en el despacho del empresario Luis del Rivero. Allí, según su versión, le habrían ofrecido facilitar su regreso a Anticorrupción a cambio de que aportara información comprometedora sobre Alejandro Luzón, jefe de Anticorrupción, y sobre Antonio Balas, responsable de la UCO.

Stampa grabó aquel encuentro y posteriormente presentó la denuncia que dio origen a la investigación que instruye el juzgado de Plaza Castilla. La causa también atribuye a la trama presuntas presiones sobre la magistrada Beatriz Biedma, la juez que ha sentado en el banquillo a David Sánchez Castejón, hermano del presidente del Gobierno, en un juicio cuyo inicio añade aún más tensión política y judicial al caso.

Con esta nueva derivada, la pieza secreta del caso Leire deja de limitarse a las supuestas gestiones de una exmilitante socialista y pasa a apuntar a una posible red de contactos, presiones y filtraciones en la que habrían participado empresarios, abogados y mandos de la Guardia Civil. La Audiencia Nacional investiga ahora hasta qué punto esas actuaciones formaban parte de una operación organizada para desacreditar investigaciones, condicionar procedimientos judiciales y proteger al PSOE de causas especialmente comprometedoras.