La asociación de profesores ‘PLIS. Educación, por favor’ ha pedido la dimisión de un alto cargo de Educación por «tomar con total consciencia decisiones contrarias a la ley».
La asociación de profesores ‘PLIS. Educación, por favor’ ha denunciado presiones del Gobierno de Baleares a los institutos para que apoyaran la huelga convocada el pasado jueves por el Sindicato de Estudiantes y la asociación feminista radical Libres y Combativas.
El Jefe de Departamento de Planificación y Centros, Jaume March Serra, envió el martes una carta a los directores de los centros emplazándoles a «dar seguimiento a la huelga» y garantizar el derecho de los alumnos a ejercerla justificándoles la falta de asistencia.
Desde la entidad han censurado que contradiciendo el decreto que el alto cargo invocó se dieran «unas instrucciones contrarias a derecho» y se llamara a los directores a «dar cobertura ilegal a una huelga no educativa», y ha pedido la dimisión de March Serra por su «irresponsabilidad» y por «tomar con total consciencia decisiones contrarias a la ley».
El portavoz, Julián Ruiz, ha asegurado en declaraciones a La Gaceta que la convocatoria de huelga del Sindicato de Estudiantes «no puede considerarse discrepancia respecto a decisiones de carácter educativo» ya que «afecta únicamente a una sentencia dictada por jueces, enmarcados dentro del Poder Judicial y ajenos, por tanto, al ámbito educativo».
Ha denunciado además que en Baleares rige «la inmersión lingüística pura y dura» y el Ejecutivo que preside Francina Armengol «obstaculiza la libre elección de lengua en la primera enseñanza».
Los formularios de escolarización en los colegios públicos de la región para el próximo curso 2018-19 impiden a los padres elegir el castellano como lengua en la que sus hijos aprenden a leer y a escribir -una medida que impulsó el Gobierno del PP-. Se obliga a los progenitores a firmar una cláusula por la que se comprometen a «acatar el proyecto lingüístico y educativo del centro escolar seleccionado», una medida con la que se «lavan las manos» dado que «todos los colegios tienen la inmersión como proyecto».
Esta asociación de profesores ha manifestado que en Baleares, transgrediendo las sentencias judiciales en Baleares, no se cumple el 25% obligatorio de horas lectivas en castellano y la totalidad es en catalán, salvo la asignatura de Lengua Castellana y la de Inglés. «Este es un Gobierno que hace ingeniería legal para blindar la inmersión obligatoria, un modelo -la inmersión- al que nosotros no nos oponemos siempre y cuando sea voluntario», ha afirmado.
