¿Era necesario resolver y vender de forma exprés y por un euro el Banco Popular? Esta es la pregunta del millón que todavía se hacen los perjudicadísimos accionistas de la entidad y no pocos analistas políticos.
Tras las declaraciones del subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, sobre sus sospechas en torno a las garantías presentadas por el Popular – “sospecho que tenía más de las que presentó”, dijo- y después de que la Asociación de Inspectores y Auditores Informáticos del Banco de España pusiera en duda el supuesto agujero de entre 2.000 y 8.000 millones de euros detectado en el Banco Popular por “expertos independientes”, llega ahora la filtración del diario de García-Abadillo.
Según El Independiente, “pese a su reiterada solvencia, las inciertas necesidades de capital, que algunos cifraban en varios miles de millones de euros, fueron el talón de Aquiles del Popular”, pero añaden, atención “quizá de forma más injustificada de lo que parecía”. Así, el digital afirma, citando fuentes cercanas a los reguladores, que “una inspección en curso del BCE, que está a punto de concluir y que estaba prevista que se cerrase en junio, ha detectado una necesidad de capital de 1.600 millones. La cifra podría haber sido asumible, dada la disposición que plantearon algunos grandes accionistas, como Antonio Del Valle o la familia Luksic, para respaldar el banco ante una hipotética ampliación de capital”.
Una cifra, esta de 1.600 millones, que contrasta con las provisiones por 7.200 millones que Santander anunció para cubrir la exposición a activos tóxicos.
Los bonistas, en la Eurocámara
Mientras, un grupo de inversores en bonos del Banco Popular afectados por su venta ha pedido a la Eurocámara que interrogue a la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke Koning, sobre su actuación antes y después de ordenar la resolución de la entidad, según una carta a la que tuvo acceso Efe.
En una carta enviada este lunes al presidente de la comisión de Economía del Parlamento Europeo, el eurodiputado italiano Roberto Gualtieri, por el bufete de abogados londinense Quinn Emmanuel -representante de los fondos PIMCO, Anchorage, Algebris y Ronit Capital, con 850 millones de euros en bonos- pide a la comisión interrogar a Koning sobre si sus declaraciones a la prensa antes de la resolución respetaron el secreto profesional.
Fuentes parlamentarias han explicado a Efe que el eurodiputado español Jonás Fernández, del grupo político socialdemócrata que lidera Gualtieri en la comisión parlamentaria, pedirá las aclaraciones a Koning que exigen los bonistas.
