El extesorero del PP Luis Bárcenas ha pedido ser absuelto en el juicio del caso Gürtel como la mayoría de los otros 36 acusados, mientras que la exministra de Sanidad Ana Mato y el Partido Popular han rechazado ser responsables civiles como partícipes a título lucrativo.
Por su parte el abogado del presunto líder de la trama, Francisco Correa, ha presentado un escrito ante el tribunal en el que explica que a la vista de su declaración en el juicio asume la condena por los delitos que ha reconocido que entienda el tribunal que proceda aunque ha reclamado que se le apliquen una serie de circunstancias atenuantes de la pena que expondrá cuando informe.
Los abogados defensores han comunicado en la Audiencia Nacional sus conclusiones definitivas y solo tres se han adherido a las de la Fiscalía, los del empresario Jacobo Gordon, el exconcejal de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández y el constructor Alfonso García-Pozuelo, ya que al rebajar las fiscales la solicitud por haber confesado los hechos no tendrán que ingresar en prisión.
En concreto a Alfonso García-Pozuelo, expropietario de Constructora Hispánica, la Fiscalía le rebajó la petición de pena de cuatro años y medio a dos años de cárcel por cohecho sustituibles por multa, mientras que a Jacobo Gordon de dos años a cinco meses por blanqueo de capitales y a Roberto Fernández de dos años y tres meses a once meses por fraude y malversación.
125 años para Correa
La Fiscalía pide la mayor pena, 125 años de prisión, para Francisco Correa, mientras que el lunes rebajó de 42 a 39 la solicitud para Bárcenas y además confirmó que Ana Mato y el PP deben ser considerados partícipes a título lucrativo, por lo reclama a la primera 28.468 euros y a la formación política 328.440, a lo que se han opuesto hoy las defensas de la exministra y del partido.
La mayoría de las defensas han mantenido sus peticiones de absolución y han introducido hoy como alternativa la aplicación de atenuantes, entre otras por dilaciones indebidas, para que en el caso de que el tribunal aprecie pruebas incriminatorias que las penas impuestas sean menores a las pedidas por la Fiscalía.
La Audiencia está juzgando la primera época de esta trama de corrupción política, la comprendida entre 1999 y 2005.
Las defensas han vuelto ha alegar también la vulneración de derechos fundamentales y la nulidad de pruebas como las obtenidas, a su juicio irregularmente, en los registros y en las conversaciones telefónicas.
El letrado de Bárcenas ha señalado que en la fase de informes explicará las pruebas nulas que ha apreciado en el procedimiento.
Por su parte la abogada de Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego y presunto número dos de la trama, para quien la Fiscalía pide 85 años de prisión, ha pedido su absolución y ha alegado vulneraciones de derechos, entre ellos el de defensa, de un juez imparcial predeterminado por la ley, ruptura de la cadena de custodia de pruebas y secretos de las comunicaciones.
Igualmente ha impugnado la prueba documental y ha dicho que hay que anular los registros por irregulares, alegaciones a las que se han adherido posteriormente muchos letrados defensores.
Por otra parte ha comentado que Crespo no puede ser acusado por asociación ilícita pues ya fue condenado por el mismo en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el juicio de la rama valenciana de Gürtel, que le impuso 13 años y tres meses de prisión por este y otros delitos.
También ha pedido su absolución el abogado de Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, considerado el «hombre en Valencia» de Correa, para quien la Fiscalía pide 5 años y 2 meses de prisión.
Igualmente, el extesorero de Alianza Popular Angel Sanchís Perales, que se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel; el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, para quien la Fiscalía pide 39 años de prisión, y el exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, para quien las fiscales piden 15 años de prisión.
Asimismo ha pedido la absolución de su representado el abogado del acusado que desveló la trama, el exconcejal de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, para quien la Fiscalía pide seis años y cinco meses de prisión.
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