La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al magistrado que cancele el interrogatorio de José María Coello de Portugal, vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y de su predecesor, Juan Carlos Doadrio. La defensa argumenta que la denuncia inicial de Manos Limpias, que dio origen a la investigación, no menciona a la universidad ni a ningún delito cometido en su seno.
En contraste, las acusaciones populares en el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, han pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que impida que Gómez acceda a los Juzgados de Plaza de Castilla a través del garaje este viernes para su declaración como investigada. Argumentan que Gómez, al no tener un cargo público ni ser una autoridad, no debería recibir «privilegios» como el acceso por el garaje, y critican que se le permita entrar por «las cloacas» debido a su condición de esposa del presidente del Gobierno.
Las asociaciones Hazte Oír e Iustitia Europa han presentado un recurso ante el CGPJ contra la decisión de la juez decana de Madrid, María Jesús del Barco. Del Barco autorizó el acceso de Gómez por el garaje de los juzgados por razones de seguridad. Asimismo, estas acusaciones recurren la medida de la juez decana de restringir el acceso a la sede judicial a abogados, procuradores y particulares que deseen acceder a la sexta planta, donde se encuentra el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Del Barco implementó esta restricción tras incidentes en la declaración de Gómez el 5 de julio, cuando personas no acreditadas grabaron imágenes dentro del juzgado y las difundieron en redes sociales.
En el escrito presentado por la defensa de Gómez, se señala que «la denuncia que dio lugar a la incoación y que ha de delimitar el ámbito objetivo de la investigación no hacía referencia alguna a la Universidad Complutense de Madrid ni a ningún hecho indiciariamente constitutivo de delito producido en su seno». Además, cuestionan la relevancia de las declaraciones de los vicerrectores en relación con los hechos investigados antes de la intervención de la Fiscalía Europea.
El abogado Antonio Camacho reitera, como en escritos anteriores, que existe una «indeterminación» sobre el objeto de la investigación, una situación que ha estado presente desde el inicio de las diligencias.
La defensa de Gómez sostiene que la inclusión de los vicerrectores en el proceso no está justificada y pide que se anule su citación como testigos. Mientras tanto, las acusaciones populares insisten en que Begoña Gómez debe enfrentar el proceso sin privilegios especiales, a pesar de su relación con el presidente del Gobierno.
