La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que revoque «cuanto antes» las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado.
El abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha presentado un recurso de queja contra la resolución judicial y sostiene que no existe ninguna posibilidad real de que su cliente se fugue.
El principal argumento es precisamente la posición institucional de la investigada: como esposa del jefe del Ejecutivo, permanece sometida a un dispositivo permanente de protección y vigilancia gestionado por la Policía Nacional. La asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, ha solicitado igualmente la retirada de las mismas medidas cautelares.
La defensa utiliza la protección de Moncloa como garantía
Según los argumentos trasladados por la defensa, la presencia constante de agentes de seguridad permite conocer en todo momento la localización de Begoña Gómez y convierte en innecesarias tanto la retirada del pasaporte como las comparecencias periódicas. Camacho sostiene además que la esposa del presidente cuenta con arraigo familiar, social y laboral en España y que ha acudido al juzgado siempre que su presencia ha sido requerida.
La petición sitúa el dispositivo público de protección asociado a la Presidencia del Gobierno en el centro de la estrategia judicial de Gómez. En la práctica, su defensa invoca así un privilegio derivado de su vínculo con Pedro Sánchez para solicitar un trato procesal menos restrictivo que el acordado por el instructor.
Peinado abrió juicio oral por cuatro delitos
Las medidas fueron acordadas en el mismo auto en el que el juez Peinado dispuso la apertura de juicio oral ante un tribunal del jurado contra Begoña Gómez, Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Gómez deberá afrontar el procedimiento por cuatro presuntos delitos, entre ellos corrupción en los negocios y malversación.
La apertura de juicio oral no equivale a una condena y los acusados mantienen su presunción de inocencia. Supone, sin embargo, que el magistrado considera que existen elementos suficientes para que los hechos sean examinados durante una vista pública. La defensa recurrió las cautelares un día antes de que Gómez tuviera que acudir al juzgado para entregar su pasaporte.
Camacho carga contra el juez Peinado
El abogado también ha criticado duramente al instructor por contemplar la posibilidad de que los integrantes del dispositivo policial pudieran colaborar, por iniciativa propia o siguiendo órdenes, en una hipotética salida de España. La defensa considera que esa hipótesis carece de indicios y constituye una especulación que afecta injustificadamente a la profesionalidad de los agentes.
Peinado, por su parte, había fundamentado las cautelares en la necesidad de garantizar que las acusadas permanecieran a disposición del tribunal durante el procedimiento. Corresponderá ahora a la Audiencia Provincial decidir si mantiene las restricciones o acepta el argumento de que la vigilancia policial vinculada a Moncloa convierte el riesgo de fuga en inexistente.
También recurre la asesora pagada desde Moncloa
Cristina Álvarez, asesora destinada en Presidencia del Gobierno, se encuentra sometida a las mismas cautelares y ha solicitado igualmente su revocación. Su papel dentro del caso ha adquirido especial relevancia por la investigación sobre el posible uso de recursos públicos en favor de las actividades privadas de Begoña Gómez.
La situación vuelve a poner el foco sobre la estructura de Moncloa y sobre la frontera entre los medios institucionales asignados a la Presidencia y los intereses particulares de la esposa del jefe del Ejecutivo.
