La portavoz del Grupo Parlamentario Bildu, Mertxe Aizpurua Arzallus, ha llevado a cabo una exigencia clara al Gobierno central: abrir un diálogo inmediato con el ejecutivo vasco para desarrollar las bases jurídicas necesarias que permitan transferir las funciones y servicios relacionados con la emisión y gestión administrativa de los permisos de conducir en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). Esta solicitud viene acompañada de una demanda adicional: iniciar lo antes posible un proceso de conversaciones con el gobierno vasco para lograr la completa transferencia de la competencia de tráfico.
Bildu justifica su petición citando un problema específico y recurrente: la falta de examinadores de permisos de conducir en Guipúzcoa, un problema que, aunque también afecta a Álava y Vizcaya, es particularmente grave en Guipúzcoa debido a su frecuencia e intensidad. Según la formación separatista, el sector atribuye estos problemas a la alta movilidad de los funcionarios y a la lentitud en cubrir las jubilaciones, lo que refuerza la necesidad de que la administración vasca asuma la expedición de los permisos de circulación para resolver de una vez por todas estos problemas que llevan años sin solucionarse.
Más allá del problema específico de los examinadores, Bildu expande su demanda señalando que, aunque la Comunidad Autónoma Vasca ya tiene transferidas muchas competencias de tráfico, algunas todavía están bajo el control del Estado. Estas incluyen áreas clave como la gestión de recursos humanos de la Jefatura Central de tráfico, la educación vial, la formación de conductores, la organización de exámenes de aptitud, y la regulación y supervisión de autoescuelas y centros de evaluación psicofísica para conductores, todas ellas gestionadas a través del Ministerio del Interior.
Según el argumento de Bildu, la dependencia del Estado en estos servicios provoca una alta movilidad entre los examinadores, quienes suelen solicitar traslados a otras plazas en cuanto tienen la oportunidad, lo que perpetúa el problema en la región. Aunque el Ministerio del Interior ha implementado soluciones temporales en los últimos años, el problema persiste, volviendo a surgir una y otra vez.
Para los separatistas, la única solución estructural a este problema también debe ser estructural: que el gobierno vasco asuma el control total sobre las competencias de tráfico, incluyendo la expedición y gestión de los permisos de conducción. Esto, según Bildu, no solo resolvería los problemas actuales, sino que también permitiría al gobierno vasco ajustar las normativas de conducción de acuerdo con las necesidades específicas de la región, diferenciándolas del resto de España.
