El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quiere presentar antes del verano en el Consejo de Ministros la propuesta para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Esta propuesta podría llevar aparejada una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal y supondría que los fiscales pasaran a dirigir la investigación de los procedimientos penales en sustitución de los actuales jueces de instrucción.
«Otorgar la dirección de las instrucciones penales a la Fiscalía ahora sería gravísimo y apuntalaría la dictadura de Sánchez. Provocaría la investigación y acusación penal de enemigos políticos y el archivo de los delitos de los amigos. Justo lo que está intentando hacer ahora el Ministerio Público bajo la dirección de García Ortiz, pero además sin el condicionante independiente del juez de instrucción», señalan fuentes fiscales a Libertad Digital.
Esta propuesta llega en un momento en el que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es protagonista de varias polémicas. La Fiscalía acumula dos condenas de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por decisiones suyas. En las últimas semanas ha destacado por su papel en la investigación del delito de terrorismo al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont en el caso de Tsunami Democrátic y por la filtración de datos confidenciales sobre el caso que afecta al novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
El Ejecutivo de Sánchez ha decidido reactivar la reforma de la LECrim justo cuando el PSOE se ha visto salpicado por numerosos escándalos de corrupción como el caso Koldo o el de la propia esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez.
