El grupo del Parlamento Europeo para vigilar la democracia, el Estado de derecho y los Derechos Fundamentales en la Unión Europea examinará este jueves la situación en España, en una sesión a puerta cerrada a la que ha sido invitado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Félix Bolaños, sin embargo, ha excusado su presencia por tener que recibir en Madrid a la delegación de la Comisión de Venecia que examina la ley de amnistía a petición del Senado.
El objetivo de este grupo es examinar periódicamente los retos que afronta cada Estado miembro en materia de valores democráticos. En esta ocasión, el control a España coincide con la tramitación en España de la ley de amnistía pactada por el PSOE con ERC y Junts para asegurar la investidura de Pedro Sánchez. También con la mediación recién asumida por el comisario de Justicia, Didier Reynders, entre el Gobierno y el PP para tratar de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La ley para perdonar a los encausados por el ‘procés’ también está siendo evaluada por la Comisión Europea para comprobar si cumple con el Derecho comunitario —en especial en materia de Estado de derecho, protección de los fondos europeos y la directiva contra el terrorismo— aunque Reynders ha dejado claro que no dará sus conclusiones hasta que la norma sea adoptada en su forma definitiva.
De parte de la judicatura asistirán representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, de la Unión Progresista de Fiscales y del Foro Judicial Independiente.
Una vez concluida la discusión a puerta cerrada, el grupo deberá informar de sus conclusiones a la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) de la que depende y a la que puede presentar recomendaciones sobre los pasos a seguir en el análisis de cada caso.
En su revisión periódica de la situación en distintos países de la UE, este grupo ya convocó en septiembre de 2022 a la entonces titular de Justicia española, Pilar Llop, quien esgrimió razones de agenda para evitar la cita. Meses después, la ministra acudió a la comisión parlamentaria de la que depende este grupo, la de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE), para discutir en sesión pública con los eurodiputados sobre cuestiones como el bloqueo CGPJ y la reforma del Código Penal.
