La Comisión Europea ha publicado su nueva estrategia contra el racismo para el periodo 2026-2030, un documento con el que Bruselas pretende extender y reforzar el plan desarrollado durante los últimos cinco años e incorporar la lucha contra la discriminación racial como un elemento transversal en buena parte de las políticas comunitarias.

La hoja de ruta, denominada Unión de la Igualdad: Estrategia contra el Racismo 2026-2030, plantea actuaciones que afectan a ámbitos tan diversos como la educación, el empleo, la vivienda, la sanidad, la investigación, los medios de comunicación, la justicia, la actuación policial, las estadísticas oficiales, las administraciones públicas o incluso la política exterior de la Unión Europea. La Comisión sostiene que combatir el racismo no sólo responde a una cuestión de derechos fundamentales, sino también de cohesión social, seguridad y desarrollo económico.

Como argumento económico, el Ejecutivo comunitario cita un estudio de la OCDE que calcula que la discriminación por motivos raciales o étnicos supone unas pérdidas anuales de 12.700 millones de euros para la economía de la Unión Europea debido a su impacto sobre el crecimiento y la productividad.

Uno de los pilares de la estrategia consiste en desarrollar una definición operativa de «racismo estructural» en colaboración con los Estados miembros. La Comisión considera que las desigualdades no siempre derivan de actos individuales de discriminación, sino que también pueden responder a mecanismos acumulativos presentes en distintas instituciones y políticas públicas. Desde esa perspectiva, propone analizar cuestiones como el acceso al empleo, la vivienda, la educación o la asistencia sanitaria bajo ese enfoque.

Para respaldar esa línea de actuación, Bruselas quiere reforzar la recopilación de datos estadísticos sobre igualdad y discriminación. Entre las medidas previstas figura una mayor coordinación entre Eurostat, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y los institutos nacionales de estadística, además de la elaboración de un nuevo Eurobarómetro específico sobre discriminación previsto para 2027. El objetivo es disponer de información más homogénea sobre posibles diferencias relacionadas con el origen racial o étnico o la percepción de pertenencia a determinados grupos.

En el terreno educativo, la Comisión anuncia un proyecto conjunto con la UNESCO destinado a impulsar la educación antirracista. La iniciativa prevé incorporar esta perspectiva tanto en la formación del profesorado como en la enseñanza superior, la investigación y programas europeos como Erasmus+ o Horizonte Europa, ampliando así la presencia de estos contenidos en el sistema educativo y científico.

La estrategia también dedica un amplio apartado a los medios de comunicación y al entorno digital. El Ejecutivo comunitario prevé organizar encuentros con periodistas, organizaciones sociales y representantes de diferentes comunidades para debatir sobre la lucha contra el racismo en la información y en las redes sociales. Paralelamente, impulsará una campaña institucional bajo el paraguas de la «Unión de la Igualdad» para promover mensajes de inclusión y combatir la discriminación.

En el ámbito de internet, el documento vincula la estrategia con la aplicación de la Ley de Servicios Digitales y con otras iniciativas dirigidas a combatir el discurso de odio y la desinformación en las plataformas digitales. Bruselas también estudia avanzar hacia una mayor armonización de determinadas definiciones relacionadas con los delitos de odio en línea dentro del marco jurídico europeo.

Sorprendentemente, el texto identifica expresamente el racismo contra las personas negras, el antigitanismo, el antisemitismo, el racismo contra las personas asiáticas y el odio hacia los musulmanes. Sin embargo, no incorpora una referencia específica al racismo contra las personas blancas, una ausencia que contrasta con el carácter global que la Comisión atribuye al documento.