¿De verdad creen que los ciudadanos desean la reducción del tiempo de condena de un individuo que ha matado cruelmente a una niña de ocho años?
La jueza que investiga la muerte de Naiara, la niña de 8 años asesinada en Sabiñánigo (Huesca) a causa de una brutal paliza, considera que el presunto asesino, el tío político de la menor, actuó con «extrema dureza y crueldad» en las torturas que le infligió.
Antes de que los servicios de emergencia fueran avisados del presunto asesinato, la pequeña padeció más de ocho horas de vejaciones y crueles torturas, tal y como recoge el sumario del relato de los hechos proporcionado por la instructora.
La magistrada considera al imputado, Iván P.P., presunto autor material del crimen, pero implica a la abuelastra y padrastro de la niña en los severos castigos sufridos desde mucho tiempo antes por la menor con el fin de vencer su resistencia a estudiar.
Obligada a permanecer de rodilla sobre piedras, descargas eléctricas, atada y amordazada, golpeada… Son algunos de los castigos infligidos a la menor por el presunto asesino, que gracias a Podemos, PSOE, Ciudadanos, Compromís o EH Bildu se librará de ser condenado a prisión permanente revisable.
El pasado día 10, los grupos se mostraron favorables a tramitar en el Congreso la derogación de esta figura incluida en el Código Penal hace apenas dos años y medio. Casi todo el arco parlamentario, a excepción del PP y el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), apoyaron una proposición de ley del PNV para que esta pena desaparezca del ordenamiento jurídico. Ciudadanos decidió abstenerse.
Los castigos físicos sufridos por Naiara, relata la juez, comenzaron el 5 de julio en el domicilio de la madre del acusado, después de pasar toda la noche la niña de rodillas sobre pequeñas piedras con la obligación, impuesta por su tío político, de que copiara veinte hojas de una lección escolar.
Sobre las 08:15 horas, Iván P.P., de 33 años, comenzó a golpear a la niña por no haber realizado la tarea impuesta, llegando incluso a darle descargas eléctricas.
La juez detalla la brutalidad de las torturas que sufrió la pequeña, que fue atada y amordazada mientras seguía recibiendo golpes, y que finalmente perdió el conocimiento después de que reiteradamente su tío la zarandeara y la tirara contra el suelo.
El hecho de que la víctima sea menor de 16 años y se trate de una persona especialmente vulnerable supone una específica circunstancia agravante para que la prisión permanente revisable sea impuesta.
Pero este supuesto no se producirá, porque, para Podemos, imponer esta pena sería -en palabras del diputado Eduardo Santos– «aplicar el principio de venganza en lugar del de justicia, rompiendo con la tradición humanista del derecho penal”.
Los servicios de emergencias sólo fueron alertados después de que Naiara hubiera permanecido más de dos horas y media en una bañera. La niña murió la mañana del día siguiente en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza debido a la gravedad de las lesiones sufridas, en especial las recibidas en la cabeza tras ser zarandeada.
Pero, para Compromís, a juzgar por sus palabras, lo brutal sería aplicar la prisión permanente revisable. “Para el recluso significa una condena a pudrirse y no a resocializarse”, afirmó sin ningún tipo de tapujo Enric Bataller.
También al PSOE le deberá estar agradecido el presunto asesino de Naiara. El diputado Juan Carlos Campo no tuvo reparos en señalar que con la prisión permanente “se hace un flaco favor a la libertad porque, además, niega la concepción resocializadora del sistema penitenciario”.
Para Mikel Legarda, diputado del PNV encargado de presentar en el Pleno la proposición de ley, la figura “no satisface las necesidades de la sociedad, ni es idónea ni proporcional”.
Pero, ¿de verdad creen que los ciudadanos desean la reducción del tiempo de condena de un individuo que ha matado cruelmente a una niña de ocho años? ¿De verdad creen que asesinos como el de Naiara, que -entre otros castigos- la obligaba a colocarse de rodillas sobre piedras y ortigas, se merecen penas más benévolas?
La juez, que se apoya en los testimonios del acusado y de su familia política así como en las numerosas pruebas recogidas en el domicilio por la Guardia Civil, insiste en la «extrema gravedad, crueldad y dureza» de los castigos impuestos a la menor.
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