Los impuestos directos —IRPF y Patrimonio— que abonan las familias en España han aumentado un 56,3% desde 2018, un crecimiento que, descontando el impacto de la inflación, se traduce en un alza real del 31,1%. En términos prácticos, esto implica que cada hogar paga hoy unos 1.657 euros más que hace seis años, aproximadamente un 25% adicional en esfuerzo fiscal.
El informe «Impuestómetro 2026», elaborado por la Instituto Juan de Mariana, concluye que esta subida no sólo ha sido sostenida, sino especialmente intensa en los años 2021 y 2022, coincidiendo con el fuerte repunte de los precios. Según sus cálculos, el peso de estos impuestos sobre la renta disponible de las familias ha pasado del 13,6% al 15,9% en ese periodo.
Uno de los factores clave detrás de este incremento es lo que se conoce como «progresividad en frío». Este fenómeno se produce cuando la inflación empuja los salarios al alza, pero los tramos del IRPF no se ajustan, lo que provoca que los contribuyentes acaben pagando más sin haber ganado realmente poder adquisitivo. De haberse adaptado el impuesto a la inflación, cada contribuyente habría abonado de media 682 euros menos.
Los autores del estudio, Diego Sánchez de la Cruz y Santiago Calvo, sostienen que esta falta de actualización ha funcionado como una subida encubierta de impuestos, generando unos ingresos adicionales para el Estado de 27.600 millones de euros entre 2019 y 2023. Además, advierten de que este mecanismo tiene un efecto especialmente perjudicial sobre las rentas más bajas.
Así, un trabajador con un salario bruto de 18.000 euros paga actualmente cerca de 980 euros en IRPF, casi el triple que en 2018. En cambio, para quienes ingresan 75.000 euros, el aumento ha sido mucho más moderado, en torno al 12%. Según el informe, esta dinámica convierte en la práctica un impuesto diseñado como progresivo en un sistema que castiga proporcionalmente más a quienes menos ganan.
El estudio también calcula el impacto fiscal a lo largo de toda una vida. Según sus estimaciones, cada ciudadano destina unos 460.600 euros al pago de impuestos. De esta cifra, casi la mitad corresponde al IRPF y a las cotizaciones sociales, mientras que el resto se reparte entre impuestos al consumo y gravámenes sobre el capital.
En comparación con el entorno europeo, España destaca por el aumento de su presión fiscal. Entre 2018 y 2024, esta ha crecido en 2,2 puntos del PIB, mientras que en el conjunto de la Unión Europea se ha reducido ligeramente. Esto ha acercado la carga impositiva española a la media comunitaria, pero no por un incremento de la renta, sino por una mayor recaudación sobre ingresos que apenas han mejorado en términos reales.
El informe también pone el foco en el diseño del IRPF, que, según sus autores, penaliza especialmente a las rentas medias. En España, el tipo máximo del 45% se aplica a partir de unos 60.000 euros, un umbral significativamente inferior al de países como Alemania o Francia. Además, la progresividad del impuesto se suaviza en los tramos más altos, lo que limita el aumento de la carga fiscal entre los ingresos más elevados.
Todo ello ha derivado, según el documento, en un incremento notable del esfuerzo fiscal de los hogares, impulsado sobre todo por el IRPF y por el aumento de las cotizaciones sociales tras las reformas del sistema de pensiones. Mientras tanto, señalan distintos análisis críticos, los servicios públicos no han mejorado al mismo ritmo, e incluso en algunos ámbitos han experimentado un deterioro perceptible para los ciudadanos.
Como conclusión, el informe sostiene que la política fiscal de los últimos años se ha caracterizado por una escalada continua de la presión impositiva, con más ingresos para el Estado obtenidos en gran medida a través de mecanismos poco visibles para el contribuyente, lo que ha intensificado la carga sobre las familias, especialmente sobre las de menor renta.
