Un juzgado de Valladolid ha procesado a un médico por supuestos delitos de agresión sexual y vulneración de la intimidad contra ocho mujeres y ha decidido que continúe en prisión provisional sin posibilidad de fianza. La decisión se fundamenta en la gravedad de los hechos que se le atribuyen y en el riesgo de fuga, dadas las penas a las que podría enfrentarse.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por una paciente que afirmó haber sufrido tocamientos indebidos y haber sido grabada con un teléfono móvil durante una consulta en la capital vallisoletana. A partir de ese momento, el caso se amplió con nuevas acusaciones: otras siete mujeres relataron episodios similares ocurridos en Valladolid, mientras que en Burgos también se han registrado más denuncias que serán tramitadas por los juzgados de esa provincia.
El arresto del facultativo se produjo el 21 de marzo de 2025 en Burgos, en una operación llevada a cabo por la Policía Nacional. Posteriormente, y con autorización judicial, los agentes registraron su domicilio, donde localizaron una gran cantidad de dispositivos electrónicos. Entre el material incautado se encontraban teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tabletas, discos duros, cámaras —incluidas minicámaras—, tarjetas de memoria y otros soportes de almacenamiento.
Según el auto dictado por el juzgado de instrucción, los hechos investigados habrían tenido lugar en un centro sanitario privado, el sanatorio Sagrado Corazón, en la mayoría de los casos, mientras que uno de los episodios se sitúa en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Además de la prisión provisional, el juez ha ratificado las medidas cautelares impuestas previamente. Entre ellas figuran la prohibición de acercarse o comunicarse con las denunciantes, así como la suspensión de cualquier actividad profesional como médico o sanitario, tanto en el ámbito público como en el privado o en consulta propia.
El procedimiento también contempla la exigencia de una fianza de 32.000 euros para cubrir posibles responsabilidades civiles derivadas del caso. El acusado, de origen peruano, permanece a la espera de la evolución de la causa judicial mientras continúan las diligencias.
