Aurora vive desde hace dos años un infierno que vuelve a evidenciar que en España muchas personas son prisioneras de un sistema que protege la ocupación. Es acosada y amenazada en su propia casa por unos inquilinos que se niegan a cumplir un contrato que finalizó el pasado noviembre y viven como 'okupas'.
La mujer decidió alquilar varias habitaciones para hacer frente a una situación económica delicada y mantener su piso en el centro de Calella (Barcelona). Le llegaron varios inquilinos, un joven matrimonio marroquí “muy amable” que le pagaba 270 euros por el uso de la habitación, la cocina, Internet y todas las comodidades y un guineano, que según cuenta, le «insistió mucho en que le alquilase la otra habitación libre”. «Me dio pena. Me contó que debía enviar dinero a su familia por lo que acepté 200 euros de alquiler», declara Aurora. En los dos casos, se firmó un contrato de un año.
La situación económica de la señora mejoró -encontró trabajo de cuidadora de ancianos en Barcelona- y aprovechando que no estaba contenta de la convivencia en su casa, decidió no renovar el contrato de alquiler y advirtió a sus arrendatarios que debían abandonar su vivienda. La reacción no se hizo esperar y fue violenta. Los ya 'okupas' se negaron a irse del piso. “Dejaron de pagarme el alquiler”, asegura, por lo que tiene que hacer frente a los gastos de cuatro personas -pese a cobrar 500 euros al mes-.
Al insistirles de que si no se marchaban avisaría a las fuerzas de seguridad, “empezaron con insultos, acoso, agresiones y amenazas”. «Y me han denunciado, dicen que soy yo la acosadora y estoy citada por revelación de secretos», dice.
La mujer, que ha sido operada de un tumor cerebral, vive encerrada en su propia habitación por miedo a ser agredida y se ha visto obligada a esconder las sillas de su propio salón. «Defecaron en ellas y lo esparcieron por las paredes». “El Ayuntamiento de Calella y la Policía Local me dicen que no pueden intervenir en un conflicto particular», lamenta, antes de denunciar que el Consistorio está buscando un piso de protección oficial para los 'okupas'. Pese a todo, agradece que la Policía “acuda cada vez que le amenazan o le pegan”.
Se ducha en el gimnasio dónde hace deporte y cena sólo un café o un yogur -no puede utilizar la cocina, le han robado los fogones-. Está situación le ha provocado varias crisis de ansiedad. «Es de miedo. Me han amenazado. Me enviaron un mensaje de guasap diciendo que un día aparecerían dos hombres con una pistola para matarme».
Cabe señalar que alrededor del 90% de los españoles considera que la legislación actual beneficia a los okupas frente a los propietarios, según una encuesta elaborada por el Instituto Sondea para Securitas Direct. El 81,13% de los encuestados dice sentirse desprotegido en el caso de que su vivienda fuera ocupada y el 88,35% exige modificar la ley de manera inmediata. Además, la llamada a Policía es la principal reacción de los españoles ante una ocupación de su vivienda (74,95%).
La alarma conectada a una central receptora es el método más efectivo para evitar la ocupación, según apunta el 26,20% de la población. Le sigue un 23,80% que asegura que son las puertas blindadas, un 19,27% la vigilancia privada y un 11,65% las rejas.
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