Una moratoria que pretende seguir los pasos de lo hecho por Ada Colau en Barcelona y que paraliza la actividad del sector en Madrid.
El turismo, como es de sobra conocido por todos, ha sido en el pasado, y sigue siendo a día de hoy, uno de los principales motores de la economía española, salvavidas al que durante la crisis se ha agarrado nuestro país y, sobre todo, sus principales ciudades, y que ha permitido a muchos negocios superar la catástrofe de esos años y, sobre todo, a muchas familias seguir adelante. El turismo en nuestro país ha sido capaz de salir de la recesión, incluso fortalecido, gracias al duro trabajo de un sector que se ha esforzado para sobrevivir a una época de crisis mientras a la vez creaba o mantenía puestos de trabajo, y que nos coloca en la élite del turismo mundial.
A pesar de estas bondades y del buen hacer del sector, 2018 comienza con el anuncio por el Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid de la suspensión -dicen que durante un año, aunque incluso podría prorrogarse otro más- de la concesión de licencias a edificios residenciales del distrito Centro que quieran cambiar su uso a otra modalidad de hospedaje (hostales, hoteles o apartamentos turísticos), sin distinciones ni criterio diferenciador de la situación en cada caso.
Una moratoria que pretende seguir los pasos de lo hecho por Ada Colau en Barcelona y que paraliza la actividad del sector en Madrid, y claro está, todo lo que ello conlleva. Por lo tanto, cierre total a la apertura de nuevos hoteles en la ciudad, cuando ya conocemos las consecuencias que una decisión similar ha tenido en Barcelona: según un informe elaborado por John Lang Lasalle en 2016, el impacto de la moratoria turística en Barcelona ha sido de un 67,6% de bajada de la inversión. Barcelona ha perdido 200 millones de Euros.
Sorprende la insistencia del Consistorio, tanto en el fondo, como en la forma, dejando para otros eso de aprender de errores pasados. Y es que Ahora Madrid ya intentó el año pasado algo similar, tratando de evitar que edificios residenciales dentro de la almendra central pudieran pasar a tener un uso de hospedaje, a través de una Instrucción que el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, explicó en Pleno de marzo de 2017, y que sufrió el varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que la anuló por vulnerar de forma flagrante varios artículos del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, afirmando, además, que el Ayuntamiento carece de las oportunas competencias para ello. Por eso sorprende que el Gobierno Municipal vuelva a la carga con esta moratoria propuesta por el Concejal de Urbanismo con la excusa de controlar la implantación apartamentos turísticos a través de una interpretación forzada del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y la redacción de un Plan Especial de Alojamientos Turísticos, que sin embargo no está preparado ni se tiene fecha prevista. A pesar de ello, y hasta entonces, la moratoria pretende paralizar el sector, y no solo el de los apartamentos turísticos -como podría entenderse al ser este el sector al que pretende dotarse de una nueva regulación- sino también el de hoteles y hostales, que sí disponen de una regulación específica y de sus propias licencias y que se ven afectados por la misma moratoria.
Mientras los propios vecinos a los que se pretende “proteger” rechazan de pleno el anuncio del equipo de Carmena, a los que acusan de demagogia y hacer política de “anuncios” y “titulares” sin resultados efectivos, la moratoria que pretende aplicar el Ayuntamiento de Madrid no solo afecta a nuevos proyectos futuros que se estén planteando a día de hoy, sino que, lo que es extremadamente grave, supone la paralización de proyectos ya en marcha para la apertura de Hoteles y Hostels en nuestra ciudad -por ejemplo, afectaría a aquéllos a los que el propio Ayuntamiento les ha concedido licencia de obras y actividad, y que ahora les paralizaría la licencia de apertura y funcionamiento- lo que envía un mensaje de clara inseguridad jurídica en nuestro país y contraria a los derechos de los madrileños, que se percibe como una situación de riesgo para la inversión nacional y extranjera, que en los últimos meses tiene el punto de mira puesto en nuestra capital -beneficiada por el resultado desastroso que la moratoria de Colau ha tenido en Barcelona-.
La paralización de licencias, sobre todo teniendo en cuenta que afecta a negocios o proyectos ya en marcha que cuentan con una fuerte inversión de sus propietarios, afectará a la imagen de la ciudad, pero sobre todo al empleo, puesto que la imposibilidad de continuar con estos proyectos que ya se habían iniciado -con licencias del propio Ayuntamiento- probablemente genere una avalancha de despidos y la pérdida de muchos puestos de trabajo indirectos que beneficiaban a la ciudad.
La moratoria, a través de instrumentos legales no adecuados y sin haber sido debatida ni consultada con el sector profesional, parece una frivolidad, y abrirá un escenario delicado, no solo por las más que probables reclamaciones por responsabilidad patrimonial que recibirá el Ayuntamiento, sino por las posibles responsabilidades penales de aquéllos que dicten una instrucción a través de este cauce, cosa poco deseable para Madrid, para los madrileños, y para su turismo.
