El nuevo modelo de financiación autonómica pactado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, con María Jesús Montero como ejecutora, provocará que Cataluña deje de aportar cerca de 1.500 millones de euros al sistema común, consolidando un esquema de privilegios territoriales que sólo Madrid compensa con mayores aportaciones.
Así lo advierte un informe elaborado por Fedea, y citado por Vozpópuli, dirigido por Ángel de la Fuente, uno de los mayores expertos en financiación autonómica. Según sus cálculos, Cataluña pasa de aportar 2.266 millones a sólo 1.456 millones, mientras que Baleares también ve reducida su contribución, de 358 a 194 millones. En contraste, Madrid aumenta su aportación neta de 7.975 a 8.013 millones, convirtiéndose en la única comunidad que asume un mayor esfuerzo fiscal.
El análisis se publica el mismo día en que el Gobierno presenta el modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y subraya que uno de los elementos centrales del acuerdo es una inyección «muy considerable» de recursos estatales para sostener el sistema. Una decisión que, según Fedea, agravará la ausencia de incentivos para la disciplina fiscal, uno de los problemas estructurales del actual modelo autonómico.
Aunque el informe reconoce que la propuesta introduce cierta simplificación técnica y reduce algunas disparidades entre territorios, advierte de que el coste político y fiscal del acuerdo es elevado. En particular, critica la introducción de fondos arbitrarios diseñados a medida de Cataluña, como el denominado Fondo Climático, dotado con 1.000 millones de euros de financiación incondicionada y orientado a beneficiar especialmente al litoral mediterráneo bajo el pretexto del cambio climático.
Fedea considera este fondo un «brindis al sol», sin una estructura real de planificación ni eficacia ambiental, y denuncia que sirve como vehículo para transferencias discrecionales. Más controvertido aún resulta el llamado Mecanismo IVA Pymes, una fórmula que, bajo una «imaginativa excusa técnica», otorga a Cataluña una prima adicional de financiación por el peso de determinadas pymes en su economía.
El informe también alerta de nuevas limitaciones a la autonomía fiscal de las comunidades, introducidas bajo el argumento de combatir un supuesto «dumping fiscal» que Fedea califica de inexistente, y que revela, a su juicio, el desprecio del Gobierno por la autonomía tributaria regional.
Pero la advertencia más grave apunta al fondo político del acuerdo: el avance hacia un sistema asimétrico y «a la carta» de gestión tributaria, que podría desembocar en la ruptura efectiva del principio de caja única. Un escenario que dejaría al Estado en una posición fiscal cada vez más precaria y obligaría a fragmentar la Agencia Tributaria en múltiples estructuras regionales menos eficientes, más costosas y con serios problemas de coordinación.
