Lo más sorprendente de España es que tenemos un montón de leyes que se han aprobado para no ser aplicadas jamás. El caso del golpe separatista de Cataluña lo está dejando bien patente. Ocurre que en España tenemos una ley que funciona como marco teórico del Estado, pero, además, tenemos un sistema de poder que está por encima de la ley y que es la verdadera columna vertebral de nuestra vida pública. Es toda la diferencia que hay entre la Constitución de 1978 y el Sistema de 1978, que hace muchos años desgrané en un viejo artículo («De la España del 78 a la del 98», Razón Española, 61, IX-1993).
Hay, en efecto, una realidad formal que es la Constitución en un modelo democrático, y hay una realidad fáctica que es el denso tejido de pactos bajo cuerda en un modelo partitocrático. Nuestra democracia no descansa sobre la soberanía nacional, sino que se basa en una perpetua tensión entre el interés general del Estado y el interés neofeudal de las facciones de poder; interés este último, por cierto, que no cabalga solo en las carteras de los partidos separatistas, sino también en los portfolios de entidades financieras, compañías eléctricas, grupos mediáticos, etc., cada uno de ellos con sus correspondientes influencias en los partidos del sistema. Para colmo de males, el interés neofeudal se justifica a través del discurso de la democracia y el antifranquismo, de manera que, a efectos de opinión pública, tiende a parecer más legitimo que el propio orden legal del Estado. Por eso vivimos en esta perpetua histeria político-institucional.
¿Ejemplos? Mil. Para muchos españoles, un referéndum separatista ilegal es más legítimo que aplicar el artículo 155 de la Constitución. Las instituciones democráticas provienen directamente de las reformas emprendidas por las instituciones del franquismo, pero resulta que el franquismo es el mal. La unidad de España es “indisoluble” según la Constitución, pero el sistema se fundamenta, en la práctica, en el reparto de poder con partidos que quieren disolverla. La Constitución protege el derecho a la vida, pero hay una ley que impone el aborto libre. El poder judicial es independiente en teoría, pero lleva cuarenta años sujeto a los pactos entre partidos. Todos los españoles tienen derecho a usar la lengua española común, pero el propio Tribunal Constitucional avala que se obligue a rotular comercios en lenguas regionales. Y así sucesivamente.
El desafío de hoy: que la ley, el Estado, el poder público, la Constitución, se impongan sobre el interés neofeudal. En otros términos: que las instituciones de 1978 doblen el brazo del sistema de 1978. No va a ser fácil.
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