El despliegue del nuevo sistema de identidad digital impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto un intenso debate sobre las garantías institucionales que rodean los procesos de nacionalización y la futura configuración del censo electoral. La controversia se centra en la convergencia de tres elementos: el desarrollo del Registro Civil electrónico DICIREG, la implantación del DNI digital y la externalización de parte de la gestión documental vinculada a la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos.
El origen de esta transformación se remonta a 2011, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley 20/2011 del Registro Civil. La norma planteaba la sustitución progresiva de los tradicionales libros físicos por un registro único electrónico, basado en historiales digitales individuales asociados a cada ciudadano. Sin embargo, los problemas técnicos retrasaron durante años su aplicación efectiva. No fue hasta 2021, ya bajo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, cuando comenzó el despliegue real del sistema DICIREG tras la entrada en vigor de la reforma de la ley.
La digitalización recibió además un fuerte impulso gracias a los fondos europeos Next Generation y a los procesos de modernización tecnológica impulsados por el Ministerio de Justicia. El resultado ha sido la creación de un sistema capaz de integrar nacimientos, matrimonios, defunciones, filiaciones y otros datos registrales en un único historial digital conectado con los sistemas de identificación electrónica del Estado.
El DNI digital y su futura utilización
Paralelamente, el Gobierno aprobó en abril de 2025 el real decreto que regula el DNI digital. La norma establece que administraciones públicas y entidades privadas deberán aceptar este documento como medio válido de identificación y adoptar las herramientas necesarias para facilitar su utilización. Además, contempla por primera vez la expedición del DNI en embajadas y consulados españoles en el extranjero.
La medida ha cobrado especial relevancia después de que la Junta Electoral Central rechazara su uso en unas elecciones autonómicas al considerar que no existían suficientes garantías para verificar la identidad del votante. No obstante, el Ejecutivo mantiene su intención de generalizar el empleo de esta herramienta en el futuro.
La externalización en Buenos Aires
Otro de los focos de atención se encuentra en Argentina, donde el Consulado General de España en Buenos Aires ha recurrido a la empresa pública Ineco para colaborar en la gestión de los expedientes derivados de la Ley de Memoria Democrática. La medida llega en un contexto de fuerte incremento de solicitudes de nacionalidad por descendencia.
La cuestión ha suscitado críticas porque los datos incorporados durante la tramitación no se limitan a una mera digitalización documental, sino que pasan a integrarse en el nuevo sistema registral electrónico español. Los expedientes terminan formando parte del historial digital de los futuros ciudadanos españoles, conectado posteriormente con los mecanismos de identificación estatal.
Debate sobre las garantías
Las voces críticas sostienen que la adquisición de la nacionalidad y la creación de nuevas identidades jurídicas exigen los máximos niveles de control, supervisión y transparencia. Consideran que cualquier modificación sustancial de los procedimientos debería someterse a un amplio escrutinio parlamentario y público, especialmente cuando afecta a cuestiones relacionadas con la nacionalidad, la identidad digital y el acceso al censo electoral.
Por su parte, el Gobierno defiende la modernización tecnológica como una herramienta necesaria para reducir retrasos administrativos y adaptar el funcionamiento de la Administración a los nuevos entornos digitales. El debate se produce mientras continúan aumentando las solicitudes de nacionalidad derivadas de la Ley de Memoria Democrática y avanza el despliegue de los nuevos sistemas digitales del Estado.
