Hace cinco años el Gobierno de Pedro Sánchez —recién llegado al poder tras la moción de censura— emitía un comunicado donde expresaba su decisión unilateral de prestar acogida al buque Aquarius, que tras quedar días esperando para acceder a los puertos de Italia —y operado por la organización SOS MEDITERRANEE— puso rumbo a Valencia con más de 500 inmigrantes ilegales a bordo.
España pasó a ser —tras esta decisión— el objetivo principal de las mafias de tráfico de personas de todo el Magreb. Y se contabiliza la llegada de casi 230.000 inmigrantes ilegales desde entonces.
El «efecto llamada» fue tal que, tras la acogida del Aquarius, la inmigración ilegal se disparó en España por encima del 140% en tan solo tres meses. Se pasó de los 3.937 inmigrantes ilegales contabilizados en mayo de 2018 a los casi 10.000 que llegaron a territorio español durante el mes de julio.
El año de la acogida del buque Aquarius finalizó con más de 60.000 entradas ilegales contabilizadas por el Ministerio del Interior y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Más del 80% de estas entradas ilegales tuvieron lugar tras la llegada de Sánchez al poder.
Sólo durante el mes de octubre llegaron a territorio español casi 11.000 inmigrantes por la vía de la ilegalidad, un hecho sin precedentes.
